Mientras los clientes demoran cada vez más los pagos y los proveedores acortan los plazos para cobrar, las pequeñas y medianas empresas cubren la diferencia con capital propio. El fenómeno inmoviliza recursos, desalienta inversiones y agrava el estancamiento productivo.
Las pequeñas y medianas empresas ya no solo producen, venden o generan empleo sino que, cada vez más, también cumplen el rol de financiar al resto de la cadena productiva. Mientras los clientes demoran más tiempo en pagar y los proveedores acortan los plazos para cobrar, miles de PyMEs quedan atrapadas en una brecha financiera que deben cubrir con recursos propios, en un contexto de tasas elevadas, caída de las ventas y dificultades para el acceso al crédito.
Sobre ello un informe sectorial precisó que el plazo promedio de cobro llegó a 49,7 días, mientras que el de pago a proveedores fue de 36,7. La diferencia de 13 días implica que las empresas financian ese descalce con capital propio. A eso se suma que el 66,0% denunció que sus clientes extendieron unilateralmente los plazos de pago, trasladando hacia los eslabones más pequeños de la economía el costo de la falta de liquidez.
La economía encontró una forma «informal» de financiarse: usar el capital de trabajo de las PyMEs como colchón de liquidez. Eso explica por qué solo el 19,2% prevé realizar inversiones durante los próximos seis meses en tanto que el 62,0% de los empresarios considera que la situación económica del país empeorará durante 2026.
De vender menos a financiar más
La caída del consumo ya no sólo se refleja en menores ventas sino que también modificó la forma en que circula el dinero dentro de la economía. Ante un mercado con menos liquidez, las empresas estiran los plazos de pago y trasladan esa necesidad de financiamiento hacia sus proveedores. En ese esquema, son las pequeñas y medianas empresas las que terminan absorbiendo el costo de sostener la cadena productiva.
Así lo advirtió el último Radar PyME presentado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) que mostró con claridad este fenómeno. En concreto, durante el segundo trimestre del año, las empresas tardaron en promedio 49,7 días en cobrar sus ventas, mientras que tuvieron que pagar a sus proveedores en 36,7 días, una diferencia de 13 días que deben financiar con recursos propios. A esto se sumó que casi 7 de cada 10 firmas aseguró que sus clientes extendieron unilateralmente los plazos de pago, una práctica que profundiza el descalce financiero y obliga a inmovilizar capital de trabajo.
Lejos de ser un problema exclusivamente financiero, el atraso en la cadena de pagos termina condicionando el funcionamiento cotidiano de las pequeñas y medianas empresas del país. El dinero que queda inmovilizado mientras esperan cobrar es el mismo que deja de destinarse a comprar insumos, invertir, ampliar la producción o incorporar personal. En dicho contexto, las PyMEs no sólo financian su propia actividad, también terminan financiando a sus clientes.
Los propios datos del relevamiento pusieron sobre la mesa este cambio de lógica. El 87,5% afirmó financiar su actividad con recursos propios, mientras que el principal motivo para tomar deuda ya no es ampliar la capacidad productiva sino reponer capital de trabajo (28,2%) y, en segundo lugar, pagar salarios y aguinaldos (25,9%). Más que crédito para crecer, el endeudamiento aparece asociado a sostener la operatoria cotidiana.
En relación, el relevamiento a más de 250 empresas del país precisó que un 23,8% no sabe o no contesta a qué tasa accede, lo que sugiere que “buena parte de las empresas no accede al crédito formal de ninguna forma”, señalaron. En ese contexto, el atraso en los cobros deja de ser un problema administrativo para convertirse en un factor que condiciona toda la actividad.
Capital inmovilizado: los costos
La necesidad de cubrir ese descalce financiero no sólo afecta la caja de las empresas, termina condicionando sus decisiones de producción, inversión y empleo. Cuando una PyME debe destinar parte de su capital a sostener la cadena de pagos, esos recursos dejan de estar disponibles para ampliar la actividad, incorporar tecnología o responder a un eventual repunte de la demanda.
Los indicadores de la encuesta nacional mostraron que esa presión financiera convive con un escenario de fuerte fragilidad productiva. Casi una de cada tres empresas (32,2%) operó con rentabilidad negativa durante el segundo trimestre del año, mientras que la capacidad instalada utilizada fue de apenas el 54,6%, lo que significa que casi la mitad del potencial productivo permanece ocioso.
En este panorama, la inversión pierde terreno: apenas el 19,2% de las PyME planea realizar inversiones en los próximos seis meses, una señal de que las prioridades dejaron de estar puestas en expandir la producción y pasaron a concentrarse en sostener el día a día. La cadena de pagos tensionada, la caída del mercado interno y el escaso acceso al financiamiento terminan retroalimentando un círculo donde cada vez hay menos margen para crecer.
De esa manera, estas firmas quedan en el lugar más vulnerable. Son las que producen, venden, pagan salarios y sostienen buena parte del empleo privado, pero también las que terminan financiando a sus clientes mientras esperan cobrar. El resultado es un capital de trabajo inmovilizado que restringe inversiones, desalienta nuevas contrataciones y reduce el margen para sostener la actividad.
Los empresarios son claros al advertir que, mientras tal dinámica persista, el desafío no será únicamente vender más, sino recuperar la capacidad de transformar sus ingresos en inversión, producción y empleo, lo que para la mayoría (6 de cada 10 consultadas) es más que difícil en el corto y hasta mediano plazo. (El Destape)