Varios de los puntos más polémicos en el proyecto de Ley Ómnibus fueron cambiados en el mismo proyecto y otros serán enviados para ser tratados en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo.

Acorralado por las críticas a la Ley Ómnibus y la necesidad de hacer concesiones a la oposición, el Gobierno dio marcha atrás con los puntos más polémicos que habían sido incluso cuestionados por los legisladores más “amigables”, e introdujo una serie de cambios que llevan la megaley de 664 a 523 artículos desechando por ejemplo la privatización de YPF, respetando la movilidad jubilatoria que se actualizará por inflación, reduciendo la delegación de facultades y el plazo de la emergencia, y dejando para sesiones ordinarias con proyectos ad hoc los puntos que no tenían el carácter de necesidad y urgencia.

Con las modificaciones, la administración de Javier Milei aspira que se allane el debate en el Congreso, que se consiga dictamen este martes en Diputados para su posterior aprobación en el recinto, y que luego sea remitido al Senado.

Uno de los puntos que más resistencia había generado en los legisladores de la oposición era la eliminación de la movilidad jubilatoria y el planteo de que su actualización pasara a ser una potestad del Gobierno vía decreto. Ahora, con los cambios negociados se establece que la actual fórmula se mantendrá hasta marzo, y luego se realizará un ajuste mensual de las jubilaciones por inflación.

En cuanto a la intención de privatizar todas las empresas públicas, y ante la resistencia de los legisladores, ahora se establece que YPF no podrá ser privatizada y para el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se dispuso que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, es decir, podrán ser empresas mixtas con el control estatal.

También con el objetivo de reducir la fricción en el debate es que el Gobierno postergará para sesiones ordinarias la discusión de temas de la Ley Ómnibus que a priori no suponían ni necesidad ni urgencia. Así, desde el 1 de marzo el Congreso recibirá sendos proyectos para tratar los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y el apartado de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos). Además, según el Gobierno “más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio express”.

En otro de los aspectos, tras la presión de gobernadores patagónicos el Gobierno dio marcha atrás y aceptó modificar los puntos del régimen de pesca. Es por eso que se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina, entre otros aspectos.

En la misma línea, la Casa Rosada decidió dejar en 0% los derechos de exportación para las economías regionales, que en proyecto original se establecían con diferentes alícuotas para las diferentes mercaderías. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas.

Quizás uno de los aspectos de la Ley Ómnibus original que más rechazo generó fue el de los recortes a diversos organismos vinculados con la actividad cultural. En el marco del debate con la oposición, ahora se reducen las modificaciones al INCAA y se da marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes. También se retrocedió en modificaciones al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

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