Los discursos de odio son nudos que desgastan el tejido de la vida democrática, que obstruyen e inhiben la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas reales de las sociedades capitalistas ¿Como desatarlos? La Red de Estudios y Acciones contra los Discursos de Odio generó un espacio de conversación en el que por primera vez activistas, militantes, académicos y representantes de organismos públicos y educativos se sentaron a pensar los efectos de estas violencias y las estrategias de lucha y solidaridad para enfrentarlas.
Los discursos de odio son un problema para nuestra democracia, un desafío que hay que afrontar con estrategias conjuntas. A partir de esta certeza compartida, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA, UNSAM), el INADI, la Defensoría del público, el Centro Ana Frank y el Observatorio web llevaron a cabo la primera jornada de trabajo de la Red de Estudios y Acciones contra los Discursos de odio.
En la apertura, Héctor Shalom (Casa Ana Frank Argentina), Demián Zayat (INADI), Miriam Lewin (Defensoría del Público), Ana María Llois (vicerrectora UNSAM) y Micaela Cuesta (LEDA-UNSAM) coincidieron en subrayar la urgencia del debate plural y abierto sobre las diversas dimensiones y efectos de los discursos de odio (DDO) en la Argentina contemporánea. Luego, tres mesas de trabajo recorrieron los puntos nodales de este conflicto: los actores afectados, la multiplicación y facilidad de difusión de los discursos de odio en redes sociales y la posibilidad de su regulación.
Prejuicios sociales y discursos de odio
Atentos a quienes sufren los efectos de los discursos de odio cotidianamente, activistas y militantes conversaron sobre las caracterizaciones y las estrategias posibles para combatir los discursos de odio.
Lux Moreno (activista por la diversidad corporal), Puma Katrileo (de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina), Ivana Gutiérrez (de Conurbanes por la diversidad), Martín Oteiza (de Migrantes por migrantes), Pablo Gorodneff (del Llamamiento Judío Argentino), representantes de INADI, la Defensoría del Público y otros organismos estatales y educativos se preguntaron ¿cómo pensar los efectos de los discursos de odio? ¿Qué tipo de violencia ponen en juego? ¿Qué estrategias de lucha, convergencia, solidaridad son pensables para enfrentarlos? ¿Existe una distinción clara entre los prejuicios sociales históricos más naturalizados, los discursos de odio propiamente dichos y los “pasajes al acto” físicos, los crímenes de odio?
La posibilidad de jerarquizar los diferentes tipos de violencias sufridas fue un interrogante central del debate. Existe un consenso transversal entre estos activistas y militantes acerca de la imposibilidad y la inconveniencia de comparar. Esa inconmensurabilidad, dicen, permite tanto traducciones y articulaciones entre diversos colectivos como la solidaridad entre poblaciones históricamente violentadas y proscritas de la política.
Jerarquizar las violencias supone correr del centro las agresiones cotidianas producto de los discursos de odio, invisibilizarlas. Denunciar la crueldad de las coacciones físicas no debe hacernos olvidar que su sentido se construye capilarmente, transversalmente, a través de prejuicios. Por eso son necesarias las políticas públicas de prevención y concientización, más que de las de sanción: “duro con los problemas, suave con las personas”, como sugirió una participante.
Para estos activismos, el Estado ocupa un lugar paradójico en la lucha contra las violencias. Por un lado, es reproductor de discursos de odio (en la violencia policial, en la política carcelaria, en las discriminaciones que habitan el sistema de salud). Y, simultáneamente, es un lugar al que acudir cuando los discursos de odio vulneran derechos.
Existe otra contradicción: cuando el Estado quiere intervenir contra los DDO y en favor de las comunidades históricamente discriminadas, reproduce, la mayoría de las veces, prejuicios sobre esos grupos. La falta de sensibilidad por parte del Estado para comprender las diferencias culturales en lo relativo a la espiritualidad, a la relación con la tierra y el derecho de la comunidad mapuche, por ejemplo, determina los magros resultados obtenidos al intentar contrarrestar los discursos de odio pronunciados contra estos grupos en los medios de comunicación.
La conversación se orientó, además, hacia los bemoles de la visibilización y la producción de imágenes “aceptables” de las comunidades; el peligro de capitalización neoliberal bajo la conformación de “nichos de mercado”; el sistema público de salud y la educación como espacios de reproducción de -pero también de intervención contra- los discursos de odio, entre muchos otros temas.
Multiplicación de los DDO
Para Ariel Seidler, Director del Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano, las tecnologías de comunicación digital que se desarrollaron en las últimas tres décadas, desde los primeros foros de internet hasta las más nuevas redes sociales, permitieron la difusión de discursos de odio contemporáneos de una manera más abierta y menos preocupada por las sanciones sociales.
Los foros antisemitas y neonazis existen desde las primeras miles de páginas de internet. Sin embargo, la circulación de los discursos de odio se potenció en los últimos quince años por la aparición de las redes sociales. La horizontalización de las voces permitió que estos discursos agrietaran la superficie de los consensos democráticos y tolerantes alcanzados hacia el final de la guerra fría. La proliferación de redes sociales multiplicó y diversificó los usos de internet como medio de socialización, y con ello las formas en que es posible difundir discursos de odio. Cada red social habilita modalidades de expresión diferentes y, por ende, diferentes maneras de expresar odio.
Ana Slimovich, Dra. en Ciencias Sociales y especialista en estudios de mediatización, investigó la interacción en las publicaciones de Instagram de dos candidatos provinciales de partidos mayoritarios de Argentina durante los últimos quince días de la campaña de 2019. Los comentarios con críticas “lógicas” al publicante eran respondidos de formas no argumentativas y odiantes. Desataron discusiones en cadena donde ninguno de los participantes buscaba apelar a una razón convincente, sino a insultos, chistes o descalificaciones.
Sandra Chaher, de Comunicación para la Igualdad, compartió los resultados de una investigación sobre la militancia de derecha en las plataformas YouTube y TikTok. Analizó los videos de personalidades influyentes y generó datos sobre sus tendencias más prominentes. Su interés se centró en los discursos que las nuevas derechas difunden sobre los feminismos en las plataformas. Allí, estos creadores de contenidos almacenan clips de sus intervenciones públicas, también presentan contenido propio con el fin de crear sentidos en torno a los objetos de la discursividad de derecha. El estudio señala que el 80% de los videos analizados incluyen estigmatizaciones contra el feminismo y el 37% aloja directamente insultos. La finalidad de este contenido es propagandística, es decir, parte de información que puede ser verdadera o falsa pero que se presenta de forma especialmente engañosa: el 53% de las publicaciones incluye manipulaciones explícitas de la información.
Las principales redes sociales tomaron nota de estos fenómenos e introdujeron cambios con el objetivo de desterrar la violencia de internet. ¿Qué tan efectivos fueron? ¿Qué nuevas estrategias encuentran estos grupos para difundir sus mensajes de odio? Algunas de ellas: la creación de nuevas plataformas (como Voxed), la adquisición por parte de figuras de derecha de plataformas ya existentes (como Parler) y la utilización de plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram (con el agravante de que estas dos últimas no pueden monitorearse).
Libertad de expresión y violencia
La regulación de los DDO entra en tensión con un concepto fundamental de la vida democrática: el de la libertad de expresión. ¿Es posible regular este tipo de discursos sin atentar contra ella?
Valeria Thus analizó la posibilidad de regular el negacionismo en tanto discurso de odio, para así limitar su difusión. Para la doctora en Derecho Penal, el negacionismo es un fenómeno político, jurídico y estructural, en el que se generan las condiciones para la repetición de los genocidios. Son discursos capaces de validar ideas y prácticas de exterminio. Según Thus, el conflicto entre libertad de expresión y regulación se puede interrogar desde dos concepciones. Por un lado, la concepción liberal clásica, donde hay que intentar comprender la libertad de expresión del negacionista, y la sociedad debe ser capaz de tolerarla. Sin embargo, otra pregunta es ¿qué vamos a hacer con los discursos negacionistas intolerantes que se amparan en la libertad de expresión para discriminar y promover la violencia desde ella?
El concepto de libertad de expresión define el papel que va a tener que asumir el Estado frente a discursos que contradicen los valores democráticos, es decir que define también qué tipo de democracia queremos. El problema no estaría ubicado entre libertad y regulación, sino que la definición de la libertad es una cuestión de igualdad entre los distintos actores sociales.
Los foros antisemitas y neonazis existen desde las primeras miles de páginas de internet. Sin embargo, la aparición de las redes sociales potenciaron su circulación.
En el interjuego entre la igualdad y la libertad de expresión entra un tercer actor: la memoria. En términos de discurso, la memoria es la construcción de verdades dialógicas donde todos podamos participar. Sin embargo, el modelo liberal está quebrado: no todos tenemos el mismo peso en el espacio público. Las desigualdades ganan terreno en la construcción de las libertades. La tensión entre negacionismos y libertad de expresión tiene más que ver con las políticas de opresión y la distribución injusta de la voz en la esfera pública que con la relación liberal entre libertad de expresión y regulación.
Los discursos de odio cumplen varias funciones. Señalan un otro, un enemigo necesario dentro de la sociedad que hay que eliminar. También sirven para distraer, para polarizar entre nosotros y ellos frente a otras divisiones, en especial en el capitalismo financiero actual: entre el 1% que concentra toda la riqueza y el otro 99%. Crear un enemigo responsable de las crisis, un enemigo que es esencialmente diferente y es amenazante corre el eje de esa división socio-económica.
Iñaki Anitúa, profesor de Derecho Penal en la UBA y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, presentó las principales objeciones jurídicas a criminalizar este tipo de discursos. La primera de ellas es que no se trata de conductas, se trata de ideas y las ideas no se pueden criminalizar. Esta sería una de las victorias del liberalismo clásico: la lucha por cuidar las ideas. Sin embargo, Anitúa resalta que cuando hablamos de discursos de odio no hablamos de “meras ideas”, sino de conductas: el discurso es performático. Y los dichos tienen consecuencias, a pesar de que se quiera pensar lo contrario. Pero aún si no las tuvieran, el derecho penal es capaz de penar sin resultados, como es en el caso de las tentativas o los delitos de peligro.
Otro de los problemas que señala Iñaki es cómo normar democráticamente la libertad de expresión. Propone tres maneras de revisar la relación compleja entre libertad de expresión y regulación: la censura previa de los dichos, la exigencia de responsabilidad ulterior (al medio y a quien emitió mensajes expresamente ilícitos) y el derecho a réplica, es decir, la obligación del estado de dar una respuesta frente a dichos violentos.
María Capurro Robles es abogada y magíster en comunicación. Junto con Víctor Abramovich, y María José Guembe editaron el libro: “El límite democrático de las expresiones de odio”. Propone no entrar en lo que llama “la trampa” de la tensión entre libertad de expresión y regulación y concentrarnos en la relación entre libertad de expresión e igualdad. Para trabajar en esta relación, hay que generar una igualdad que sea sustantiva y no formal, basada en las desigualdades estructurales: es obligación del Estado generar condiciones de igualdad sustantiva en grupos históricamente relegados. Esto implica la intervención estatal en la regulación de las prácticas comunicacionales. La prohibición no es la única intervención posible. También existe la posibilidad de prevenir, de contrarrestar, de concientizar, implicando sí o sí a todos los actores políticos, y fundamentalmente pensando a América Latina como bloque.
Los discursos de odio son uno de los problemas actuales de nuestra democracia. Su libre circulación, más que representar la libertad de expresión, busca atacar y acallar ciertos grupos, desalentando su participación en la esfera pública, siendo esto un ataque concreto al sistema democrático. Es importante intervenir pública y politicamente, partiendo de entender los discursos en su dimensión performativa y social. Las redes sociales son un ejemplo particular de cómo surgen, se difunden y se reproducen este tipo de discursos.
¿Cómo regular democráticamente la libertad de expresión?
Lucila Galkin, abogada perteneciente a Amnesty, presentó la investigación “Corazones verdes”, donde se analizaron las consecuencias de los mensajes misóginos y sexualizados que atacaban a las mujeres en redes sociales. El tenor de estos mensajes iba desde amenazas puntuales de doxxing (publicación de datos personales no autorizados por la persona, como su dirección, información familiar, etc.) hasta difusión de imágenes no consentidas. Los efectos en las víctimas fueron: afectación de la salud mental, la autocensura, la limitación de la exposición en redes sociales y, en última instancia, el abandono de las mismas.
Partir de la idea de democracia, igualdad y memoria ayuda a despejar el camino de las tensiones entre libertad de expresión y regulación. Preguntarnos qué democracia queremos, qué manera de preservar la memoria y la voz de todos los grupos en la construcción y la preservación de una verdad histórica son las claves para la organización de la vida en común.
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En el cierre del encuentro, Rita Segato señaló la importancia de enmarcar la proliferación de los discursos de odio en un proceso de más larga duración en América Latina: el crecimiento del entramado político-empresarial-religioso de las mega iglesias evangélicas. Lejos de tratarse de un problema de espiritualidad, los DDO estarían ligados a una ofensiva que logra combinar valores económicos liberales de defensa del gran empresariado con valores religiosos tradicionales antifeministas.
Ezequiel Ipar, director del LEDA, se refirió a los discursos y las prácticas de odio como el nudo de las dificultades, los conflictos de las democracias contemporáneas, pero también de sus dilemas y potencialidades. Nudo significa aquí resultado, fuerzas que se trabaron y quedaron momentáneamente obstruidas, deseos de libertad que fueron doblados y obstruyen. En este pequeño fenómeno de su forma, resultado de otros procesos y otras fibras materiales más profundas de la vida social, los nudos aparecen mostrándonos todos sus problemas en ese preciso lugar.
¿Qué quiere decir que el odio es el nudo de nuestras sociedades? Existen nudos que nos atan a la violencia y al circuito de regeneración cuasi-automática de la violencia social. Nos inmovilizan y cosifican, naturalizan lo que nos pasa. Los discursos de odio nos inhiben de encontrar soluciones a los problemas reales y nos estrechan la capacidad de percibir y de pensar. Nos presentan falsas esperanzas y monopolizan promesas pseudo-redentoras, impidiendo la posibilidad de pensar futuros en común.
La tarea es desatar los nudos de la violencia reconstruyendo el tejido de la vida en común. No se trata de denunciar una crisis de la democracia, sino una crisis que impacta sobre la democracia: una crisis del capitalismo. En esta clave, la negación del odio a la democracia debe operar como un procedimiento creativo y afirmativo.
Fuente: (Revista Anfibia)
Por Lucía Delor
Por León Lewkowicz
Por Sergio Fasan