La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Federal N° 2 de Paraná en la causa ´Casaretto Marcelo Pablo c/Cámara de Diputados Nacionales y otro s/Amparo Ley 16.986”.
Este lunes el máximo tribunal federal había pedido las actuaciones que llevaba adelante el juez federal N° 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, y luego de analizarlo concluyó que el magistrado “actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal”.
En un durísimo dictamen, la Corte sostuvo que al dictar la medida precautelar, el juez Alonso “se entrometió en la decisión de esta Corte que ordenó que el Consejo de la Magistratura llevase a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo previsto en la Ley 24.93”.
“En otras palabras, al disponer como medida interina que las cámaras del Congreso no envíen a sus representantes al Consejo de la Magistratura, el magistrado se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal, pretendiendo imposibilitar su cumplimiento. Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida (…) y necesariamente implica un acto que en sí mismo atenta contra una de las piedras basales del orden establecido por la Constitución Nacional”.
El 12 del actual, el juez federal N° 2 de Paraná hizo lugar a una medida precautelar pedida por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Entre Ríos) y ordenó a los titulares del Senado y de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura. En su resolución, el juez Alonso les otorgó 5 días hábiles para efectuar los descargos.
«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006. El 7 de abril el Senado dio media sanción a un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional, y la participación de la oposición”, había dicho Casaretto.
De ese modo, el magistrado hizo lugar a una medida precautelar presentada por Casaretto con el patrocinio del abogado José Raúl Velázquez. Para decidir la cuestión de fondo, el magistrado le pidió un informe a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”.
La Corte Suprema declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo -encargado de la selección y acusación de jueces y a la administración del Poder Judicial de la Nación- y dio un plazo de 120 días para que haya una nueva ley o que el organismo regrese a su anterior integración de 20 consejeros. El plazo venció el viernes y ninguna de las dos cosas se dieron.
Ahora se espera la decisión que tome la Corte Suprema de cómo llegará al Consejo ya que la ley que estableció la integración de 20 integrantes establecía que la titular del organismo sea del presidente del máximo tribunal.
De los siete integrantes que se deben sumar para llegar a 20 ya hay cuatro designados: el propio Rosatti, la jueza Agustina Díaz Corderoy las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Juezas y abogadas fueron a elecciones. Resta que la Corte fije fecha para la jura.
Falta la elección de la representante de los académicos y de un diputado y un senador. Se trata de las designaciones que fueron judicializadas.
El Consejo Universitario Nacional (CIN) tiene previsto designar hoy a Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca. Pero la Asociación Civil de Profesores Universitarios objetó que la elección sea a través de un colegio electoral -en el que votan representantes de las universidades nacionales- y no por el voto directo de los profesores titulares de las casas de estudio.
“El Consejo Interuniversitario Nacional (C.I.N.), actuó dentro del ámbito de sus competencias y confeccionó el Reglamento Electoral -aprobado por la Resolución P. N° 444/22- por el cual estableció la metodología para la elección del representante del estamento académico-científico en el Consejo de la Magistratura de la Nación”, resolvió ayer a la tarde la jueza Ailán y habilitó a que se avance con la elección.
Fuente: (Entre Ríos Ahora)