Estudiantes, docentes y rectores se movilizan en todo el país para exigir una actualización presupuestaria y mejoras salariales. El Ejecutivo mantiene la tensión y audita los gastos de las universidades públicas.
En una jornada marcada por la masividad y la tensión política, miles de personas se movilizan este martes 12 de mayo hacia la Plaza de Mayo en la denominada Marcha Federal Universitaria. La comunidad educativa de Argentina reclama al Gobierno nacional por la falta de presupuesto, la caída del poder adquisitivo de los salarios docentes y el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología. El conflicto, que escala semana tras semana, pone a prueba la relación entre el sistema universitario y la gestión de Javier Milei.
El origen del conflicto: presupuesto y salarios docentes
El punto central del reclamo es la prórroga del presupuesto 2023 para el ejercicio 2024, una medida que, ante una inflación interanual que supera el 200%, dejó a las universidades nacionales con fondos insuficientes para garantizar su funcionamiento operativo. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las partidas enviadas por el Poder Ejecutivo no alcanzan para cubrir servicios básicos, becas estudiantiles ni el mantenimiento de hospitales universitarios.
A esto se suma la crisis salarial. Los gremios docentes y no docentes denuncian que sus ingresos han quedado rezagados frente a la escalada de precios, con ofertas paritarias que el sector considera «insultantes». La falta de acuerdo ha provocado paros sistemáticos en las últimas semanas, derivando en esta movilización federal que se replica en las principales ciudades de Argentina como Córdoba, Rosario y Mendoza.
La postura del Gobierno y la auditoría de los fondos
Desde la Casa Rosada, la respuesta ha sido firme. El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación sostienen que los giros de fondos para gastos de funcionamiento se han incrementado conforme a la disponibilidad, pero insisten en la necesidad de auditar el uso del dinero público en las casas de estudio.
«No es una cuestión de falta de recursos, sino de transparencia», han señalado fuentes oficiales. El Gobierno argumenta que la educación pública es una prioridad, pero que el sistema actual presenta irregularidades administrativas que deben corregirse bajo el plan de ajuste fiscal que lidera el presidente. Esta postura es vista por los rectores como una «intervención encubierta» que vulnera la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.
Impacto político: una plaza que mide fuerzas
Esta movilización representa uno de los desafíos políticos más complejos para el oficialismo en lo que va del año. A diferencia de otras protestas lideradas estrictamente por sectores sindicales o movimientos sociales, la marcha universitaria logra transversalidad: convoca a la clase media, a familias y a un amplio espectro de la oposición política.
Analistas coinciden en que la masividad de la marcha en Plaza de Mayo podría marcar un punto de quiebre. Si el conflicto se prolonga, el costo político para el Gobierno podría erosionar su imagen entre los jóvenes, un sector clave de su electorado. Por otro lado, la capacidad de resistencia del Ejecutivo para mantener el «déficit cero» se enfrenta a la demanda social por la educación pública, uno de los valores más arraigados en la sociedad argentina.