Centenares de miles de personas salieron a la calle a decir no al autoritarismo y al negacionismo que impulsa el Gobierno para aplicar un modelo económico que ya azotó al país en períodos anteriores.
Por Alberto López Girondo
La masividad de la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia de esta era tan dramática para la democracia argentina fue otra demostración de que algunas cuestiones de fondo están tan arraigadas como para atravesar discursos negacionistas del Gobierno y ataques de sus medios afines. Que no casualmente son los más comprometidos por su pasado junto a la dictadura cívico-militar y esta vez tuvieron que reflejar que efectivamente, la convocatoria había sido multitudinaria, y a su modo debieron señalar que las últimas provocaciones oficiales incluso habían potenciado un Nunca Más que cubrió las grandes ciudades del país y fue la más masiva por mucho desde 1983.
Pero esta segunda manifestación del 24 de marzo en el período paleolibertario también puso en negro sobre blanco el drama de la Argentina de este último medio siglo: no hay modo de imponer políticas económicas como las que pretende desarrollar Javier Milei como no sea con al recurso del terror. Como el que azota en cada manifestación de jubilados, sin ir más lejos.
De allí la necesidad de la Casa Rosada de traer al recuerdo aquellos años de plomo a los que recurre tanto de manera explícita como a través de los trols en las redes sociales, pagos con fondos públicos. Ejemplo 1: renombrar a la agencia de inteligencia como SIDE, la denominación de esa etapa oscura de la Argentina. Ejemplo 2: los aprietes a artistas, intelectuales, docentes, científicos opositores al régimen y la difusión de amenazas con autos Falcon verdes. Todo con el objetivo de acallar voces disonantes y refutar la historia que se fue construyendo desde 1983 y que la Justicia fue corroborando en las investigaciones y condenas a responsables de delitos de lesa humanidad.
Hay una estrategia que Milei desplegó desde que decidió dar el salto de personaje televisivo a dirigente político, como fue denostar a una «casta» que estaría arruinando el país desde 1916. O sea, desde las primeras elecciones libres y democráticas en el país. Ese sustrato es el que alimenta un video realizado en la Casa Rosada por el ultraconservador presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, y que el Gobierno lanzó horas antes del inicio de la marcha, en el que condena a los grupos guerrilleros de los 70 por los males que desató la dictadura. Como si la historia hubiese comenzado en esa década, sin un pasado, y la violencia hubiese sido un estallido espontáneo. Otro detalle que no por repetido deja de llamar la atención: otra vez insiste con la cifra de desaparecidos. Como si hubiera un número bajo el cual un genocidio tuviera rasgos de humanidad.
La otra provocación oficial fue el anuncio de que el presidente había ordenado desclasificar los archivos de la SIDE correspondientes a la década 1976-1986 y al mismo tiempo, impulsar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán Humberto Viola, ocurrido en 1974, sea declarado como delito de lesa humanidad. Conocida estrategia de comunicación oficialista: anunciar algo que o no se puede hacer o ya se hizo. Es el caso de la desclasificación de documentos, que había sido ordenada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández. El Gobierno actual desarticuló el equipo de trabajo para poner en orden esa documentación alegando que ya había cumplido con su tarea. Desde las redes, de todas maneras, se aceptó el desafío y propusieron que la memoria completa incluyera «saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos y los nietos robados, algo que los genocidas siguen ocultando».
Así lo dijo también Estela de Carlotto al leer el documento de los organismos de derechos humanos en el acto central de la marcha. «La apropiación de bebés fue una desaparición forzada que continúa hasta que no se recupera la verdadera identidad», sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que habló a la multitud desde el escenario que compartió con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Hay que decir que la calificación judicial de «delito de lesa humanidad» para el crimen de Viola no es un ejercicio libre de la voluntad política de nadie y fue rechazada por los máximos estamentos judiciales argentinos. Para serlo debería probarse que detrás de ese delito hay algún poder estatal.
La cara económica
Fue el diputado nacional Carlos Heller quien destacó que la finalidad de la dictadura fue «una profunda transformación de la forma en que se acumula y distribuye la riqueza en nuestro país», cosa que no podía hacerse de otro modo que no fuera mediante la sistemática persecución de quienes se opusieron a ese modelo y el recurso tenebroso del terrorismo de Estado. El dirigente cooperativista agregó que «las 4M», «Martínez de Hoz –ministro de Economía de la dictadura–, Menem, Macri y Milei, tienen un denominador común: implementar medidas que implican una brutal y regresiva reforma del sistema económico, político y social».
En tal sentido, el sociólogo y curador de Argendata, Daniel Schteingart, analizó la caída del poder adquisitivo de los salarios tras el golpe, y anotó que fue del 37%, para recalcar: «Nunca en la historia argentina hubo una caída de esa magnitud. Nunca Argentina logró volver a los niveles de ingresos previos a 1976».
Dos días después del golpe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgaba a la Argentina unos 110 millones de dólares que le había negado al Gobierno constitucional para hacer frente a las consecuencias de la crisis del petróleo que había estallado en el mundo en 1973. La portada de Clarín del 27 de marzo lo refleja en un segundo titulo. «Estados Unidos reconoció a la Junta: Crédito del FMI».
En agosto de 1976, el organismo abrió un stand by por alrededor de 1.500 millones de dólares, la continuidad de un encadenamiento de condicionalidades iniciadas en 1956 luego de otro golpe, esa vez contra Juan Perón. Al inicio de la última dictadura la deuda externa era de 7.800 millones de dólares, en diciembre de 1983, de 45.100 millones, gracias a la estatización de deudas privadas en 1982 en la que Domingo Cavallo tuvo su cuota parte de responsabilidad. Algunos de los discípulos del que fuera ministro de Economía de la convertibilidad son los que vienen protagonizando las medidas que continúan con las ataduras al Fondo y esperan en estos días un nuevo salvavidas de Estados Unidos y de esa entidad.
Para eso metieron miedo hace 49 años y tratan de hacer lo propio ahora en una espiral de caída en que las que las mayorías padecen mientras se enriquecen las élites financieras y de unos pocos rubros como el energético y la minería. Las calles de todo el país mostraron este lunes que son muchos los que saben cuál es el juego y que están dispuestos a rechazarlo, contra viento y marea.