Un informe privado advirtió que el 48% de los hogares argentinos sufre carencias habitacionales, cifra que escala al 97% en el caso de barrios populares. El acceso al agua y al saneamiento aparece como uno de los principales problemas en medio del ajuste sobre programas de urbanización e infraestructura.
La crisis habitacional en Argentina es mucho más grande de lo que muestran las estadísticas tradicionales y ocurre, además, en un contexto de fuerte repliegue de las políticas públicas destinadas a vivienda e integración socio-urbana. Así lo advirtió un informe privado que indicó que casi la mitad de los hogares del país presenta algún tipo de déficit habitacional (48,1%), mientras que en los barrios populares la problemática alcanza prácticamente a la totalidad de las familias (96,9%).
Los resultados exhibieron que 1 de cada 2 hogares argentinos atraviesa al menos una situación de déficit habitacional. De ese modo, el problema habitacional ya no se explica solamente por la falta de viviendas nuevas, sino también por el deterioro de la infraestructura básica y el acceso deficiente a servicios esenciales. De hecho, en los barrios populares, más de 8 de cada 10 hogares acceden al agua de forma inadecuada y 7 de cada 10 presentan mecanismos deficientes para la eliminación de excretas. El acceso al agua segura y al saneamiento aparece así como una de las principales vulneraciones del derecho a una vivienda digna.
Sin embargo, el contraste con la política pública actual es significativo. Mientras las cifras ponen sobre la mesa el creciente déficit habitacional, el Gobierno Nacional profundizó durante el último año el ajuste sobre programas vinculados a vivienda e integración socio-urbana. La paralización de obras, la reducción presupuestaria y el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), principal herramienta de financiamiento para obras en barrios populares, consolidaron un escenario de retracción estatal frente a una problemática habitacional que lejos de reducirse, continúa expandiéndose.
Se agudiza la crisis de vivienda
El acceso a la vivienda es un factor fundamental en las condiciones de vida de la población. En la Argentina actual, sin embargo, el déficit habitacional constituye una problemática que atraviesa a amplios sectores de la población y no encuentra, además, eco en la política pública. En concreto, casi la mitad de los hogares argentinos tiene algún déficit habitacional (48,1%). A su vez, las viviendas que tienen más de una carencia llegan al 14,2% de hogares.
Los datos surgen de un informe presentado por el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y dan cuenta de un fuerte predominio del déficit de tipo cualitativo: 4 de cada 10 hogares en el país sufren al menos un problema vinculado a la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el hacinamiento o la cohabitación. Asimismo, la calidad deficitaria de los materiales de la vivienda es la problemática que más hogares afectó, alcanzando a 1 de cada 3 hogares.
Si bien la problemática se extiende a nivel general a amplios sectores de la población, los especialistas pusieron la lupa en las diferencias territoriales. De esa manera, los datos evidenciaron que la crisis se agrava en los barrios populares. La comparación entre los datos del último Censo Nacional y el Diagnóstico Integral Barrial permitió afirmar que “el déficit habitacional en los barrios populares alcanza una magnitud notablemente elevada, por encima de los valores registrados para el conjunto de los hogares del país”, destacaron.
Al respecto, los resultados exhibieron que en los barrios populares el déficit habitacional escala a prácticamente la totalidad de las familias (96,9%). En esa línea, el 47,96% de los mismos sufren más de una de las problemáticas de acceso y condiciones de vida.
Según el estudio, el déficit cuantitativo, que involucra hogares de materialidad irreparable ascendió al 18,3%, lo que implica una diferencia cuatro veces superior a la media nacional, y representa casi 2 de cada 10 hogares en barrios populares. Mientras que el déficit cualitativo alcanzó en los barrios populares el doble del valor nacional, llegando al 78,6% y representando casi ocho de cada diez hogares.
“Los resultados confirman que el déficit habitacional en estos barrios es generalizado y de mayor gravedad que en la media nacional, y que se caracteriza por la coexistencia y superposición de diversas carencias vinculadas a la materialidad de las viviendas, el acceso a servicios básicos, las condiciones de hacinamiento y la cohabitación”, planteó el documento
Un aspecto no menor tiene que ver con el acceso al saneamiento: más de 8 de cada 10 hogares (83,5%) acceden al agua de forma inadecuada, y 7 de cada 10 familias (70,7%) utilizan mecanismos inadecuados para la eliminación de excretas. Por su lado, la calidad deficitaria de los materiales de la vivienda es la problemática que más afecta a los hogares duplicando el promedio nacional: 6 de cada 10 hogares presentaron problemas de materialidad en pisos, paredes y/o techos.
En este escenario, los especialistas remarcaron que “el análisis a escala nacional evidencia que una proporción significativa de los hogares argentinos presenta al menos una carencia habitacional y que este se encuentra subrepresentado”. Sobre esto último puntualizaron que “las herramientas de uso extendido presentan limitaciones estructurales para captar adecuadamente las condiciones habitacionales a nivel nacional y en barrios populares en particular, con problemas de cobertura territorial, representatividad y adecuación conceptual frente a realidades atravesadas por la informalidad urbana». De ese modo alertaron que existe «luna subestimación de la magnitud del déficit habitacional y en una caracterización incompleta de sus expresiones en estos territorios”.
Recorte de fondos para urbanizar
Los resultados del informe del CISUR cobran especial relevancia en un contexto de fuerte retracción de las políticas públicas destinadas al acceso a la vivienda y la integración socio urbana. Sobre ello, el Gobierno Nacional profundizó durante el último año el ajuste sobre programas vinculados a la urbanización, el mejoramiento habitacional y la construcción de viviendas.
La situación resulta particularmente crítica porque el propio informe identificó que gran parte de las carencias habitacionales podrían abordarse mediante políticas de mejoramiento barrial, ampliación de servicios básicos e integración urbana. Sin embargo, durante la actual gestión de Javier Milei se paralizaron numerosas obras de infraestructura, se redujo la ejecución de programas habitacionales y se avanzó en el desmantelamiento de áreas estatales vinculadas a la urbanización de barrios populares.
En mayo del año pasado, mediante el Decreto 312/2025, la administración libertaria dispuso el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el principal instrumento de financiamiento para obras de urbanización en barrios populares. Según informó oficialmente el Estado nacional, el fondo quedó disuelto y sólo se mantendrían los compromisos previamente asumidos.La decisión se sumó al proceso de desarticulación de organismos y programas vinculados al hábitat y la vivienda que comenzó durante el primer año de gestión.
En paralelo, la inversión pública nacional continuó en retroceso. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mostró que la inversión pública ejecutada durante 2025 registró una caída real del 27% respecto del año anterior, mientras que las transferencias de capital, una de las principales vías de financiamiento de obras e infraestructura, se redujeron un 48,6% en términos reales.
“La magnitud del problema y la alta proporción de hogares con déficits compuestos evidencian que no estamos frente a un problema que pueda resolverse mediante intervenciones aisladas o fragmentadas. Por el contrario, los resultados de este estudio refuerzan la necesidad de una política pública integral con especial foco en los barrios populares, sostenida en el tiempo, con fuerte inversión en mejoramiento habitacional e infraestructura urbana enfocada en los servicios básicos”, cerraron los especialistas. (El Destape)