Se cumple un nuevo aniversario del secuestro, violación y asesinato de la joven entrerriana; por qué su familia pidió que se eleve el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuál es el alcance de la Ley Micaela. 

Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en la localidad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La Ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”, sostuvo “Yuyo” García ante la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, el 6 de mayo de 2020.

La joven entrerriana, a quien llamaban cariñosamente “la Negra”, era militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos, estudiante de Educación Física y oriunda de Concepción del Uruguay. Desde su asesinato, Yuyo y Andrea trabajan incansablemente para cambiar la realidad y cumplir algunos de los sueños de su hija, pero sobre todo, para sensibilizar sobre la temática y lograr que otras mujeres no pasen por lo mismo. Todo lo articulan desde la Fundación Micaela García “la Negra”, donde, junto a un grupo de voluntarias y voluntarios, realizan múltiples actividades de formación y labor social en territorio.

“La Ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”

Néstor “Yuyo” García

Aunque lograron trasformar el dolor en lucha, los 1° de abril asoma con fuerza. “En esta fecha siempre decidimos no hacer nada desde la Fundación por una cuestión de que no sabemos cómo vamos a estar emocionalmente”, relata Yuyo. Pese a eso, van a acompañar en Buenos Aires otras acciones: Andrea va a estar presente en la conferencia de prensa en la Biblioteca Nacional para pedir justicia por Paula Martínez, quien en 2016 fue víctima de una violación en grupo y terminó tomando la decisión de quitarse la vida. Y Yuyo va a asistir al homenaje que el Movimiento Evita nacional le hará a su hija en la sede porteña de la agrupación, en la calle Entre Ríos.

La causa a revisión

Si bien Wagner fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2017, hay otros dos hombres que fueron solo fueron juzgados y penados por encubrimiento. Por eso, para la familia, se hizo justicia “parcial”.

“Nosotros creemos que Néstor Pavón también participó de la violación y del femicidio. Hay elementos en la causa como para suponer esto. El mismo Wagner dice que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón”, detalla Yuyo a Télam.

Por eso, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ). “Es la última instancia en el país que tenemos para apelar”, agrega el padre de Micaela. Hace dos semanas, tuvieron la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos elevó el expediente, luego de varios requerimientos de la propia Corte, a la cual la familia García fue “en queja” porque, según señalaron, la Justicia entrerriana no actuaba.

Alcances de una ley con nombre propio

Desde su sanción, ya adhirieron a la Ley Micaela todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aproximadamente 500 municipios de todo el país. Dado que la norma alcanza al universo del personal del Estado, ya sean funcionarios o empleados, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación, no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo.

“Se va implementando, tal vez no como quisiéramos, con el compromiso que quisiéramos ni de la manera en que nosotros queremos, en la mayoría de los organismos públicos”, remarca Yuyo. Sin embargo, reconoce que en algunos casos “sí se están haciendo cosas muy interesantes”. Por ejemplo, destaca que la Prefectura Naval Argentina inició este año un proceso de capacitación para todas las dependencias del país. Otro caso son los talleres en diferentes penales bonaerenses, con personal penitenciario, internos y empleados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizados en conjunto con la Fundación.

Durante el 2020 y el 2021, en la provincia de Buenos Aires se capacitaron 4310 máximas autoridades de 44 ministerios y organismos, y recibieron el curso para formadoras y formadores 1136 personas de 135 municipios.

En la cámara de Diputados de la Nación, 938 personas cumplieron con la Ley Micaela en 2021, y 84 en lo que va de 2022. En el caso del Senado, 969 trabajadores y trabajadoras aprobaron el curso hasta el momento.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) informó que hasta diciembre de 2021 había capacitado a casi 47.000 integrantes de la Administración pública.

El Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) lanzó una Diplomatura en Formación en Perspectiva de Género para Replicadoras y Replicadores de Ley Micaela, en conjunto con la Fundación Micaela García y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud y el Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por las cohortes 2020 y 2021 ya pasaron más de 300 personas.

El último informe online del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad muestra los resultados de la implementación entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2020. Ese año, recibieron la capacitación agentes y funcionarios de 121 organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, y 4461 máximas autoridades.

Pese a los avances, todavía quedan muchos organismos del Estado sin capacitarse. Incluso, están los que se resisten. “Ni sectores de las fuerzas de seguridad ni la Justicia están actuando como lo está demando la sociedad”, enfatiza Yuyo, y detalla que “esa actuación sin perspectiva de género es lo que sostiene que no baje mucho la cantidad de femicidios y que haya dificultades para denunciar situaciones de violencia por motivos de género”.

Incidir en las miradas sesgadas por la falta de perspectiva de género, que alimentan a su vez una cultura basada en la desigualad, es la esencia del compromiso cotidiano y la lucha que tomaron como bandera desde la Fundación Micaela. “Estos cinco años han sido duros para nosotros, pero hemos decidido dedicarle muchas horas al día y recorrer un camino para que los sueños que tenía de Micaela de transformar nuestro país y el mundo, al menos en una parte, se hagan realidad”, concluye Yuyo.

Fuente: (Telam)

Por Pcv

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