La revelación de que un senador libertario por la provincia de Entre Ríos, está vinculado a una empresa dedicada al asesoramiento para la compra y venta de campos por parte de inversores extranjeros desató una fuerte polémica en el Senado, en momentos en que el Gobierno impulsa modificaciones al régimen de extranjerización de tierras.
A pocas horas del tratamiento parlamentario de la reforma a la Ley de Tierras, una publicación del portal Data Diario puso en el centro de la escena al senador nacional de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, al revelar que figura como fundador de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada al asesoramiento, administración e intermediación en operaciones de compra y venta de establecimientos rurales para inversores internacionales.
Según la investigación periodística, la firma asegura haber participado en transacciones sobre millones de hectáreas en América Latina y ofrece servicios de administración de propiedades pertenecientes a propietarios extranjeros. La información despertó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Congreso, ya que el oficialismo impulsa una reforma destinada a flexibilizar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
La situación alimentó las críticas de sectores de la oposición, que advierten sobre un eventual conflicto de intereses y reclaman mayores explicaciones por parte del legislador y del Gobierno nacional. De acuerdo con Data Diario, incluso durante las negociaciones parlamentarias algunos bloques dialoguistas mencionaron estos antecedentes al momento de expresar sus reparos sobre el proyecto.
La controversia terminó impactando en la estrategia legislativa del oficialismo. Ante la falta de consenso y el rechazo de gobernadores y distintos bloques, el Gobierno decidió retirar del debate el capítulo referido a la flexibilización del régimen de tierras rurales para evitar que fracasara el tratamiento del proyecto completo.
Más allá del desenlace parlamentario, el episodio volvió a instalar el debate sobre la transparencia en la función pública y la necesidad de evitar cualquier situación que pueda generar dudas respecto de los intereses que rodean las decisiones legislativas, especialmente cuando involucran recursos estratégicos como la tierra y el territorio argentino.