La dueña de la indumentaria Batuk inició el proceso judicial en un contexto de caída del consumo real, el freno productivo y una abrupta baja en la facturación.
El escenario para la industria de la indumentaria suma un nuevo capítulo crítico en el plano corporativo. La firma Barhut SRL, comercializadora de la marca de indumentaria Batuk, ingresó en concurso preventivo de acreedores tras acumular un pasivo consolidado de $6.304 millones. La medida dispuesta por la Justicia busca reestructurar los compromisos financieros de una compañía atrapada en medio de una severa contracción del mercado.
El proceso judicial, abierto formalmente el pasado 20 de agosto, no solo comprende a la firma principal sino que también alcanza a Trown SRL, otra sociedad vinculada al mismo grupo empresarial. Según la documentación presentada ante los tribunales, la compañía cuenta con una plantilla de 112 empleados en relación de dependencia y sostiene la operación de tres locales propios de grandes dimensiones.
Al 31 de julio, la entidad declaró activos totales por un valor estimado de $6.763,5 millones. Sin embargo, las fricciones de liquidez ya se habían hecho evidentes en la operatoria diaria: la firma habría registrado un total de 56 cheques rechazados por un monto acumulado de $285,3 millones, fijando el origen formal de la cesación de pagos el 15 de julio.
La crisis de la marca no responde a un hecho aislado, sino a un paulatino deterioro de sus variables fundamentales. Aunque la facturación nominal mostró incrementos significativos al pasar de $3.262 millones en 2023 a $8.960 millones en 2024 y $8.795 millones en 2025, el análisis en términos reales revela una realidad sumamente compleja para la rentabilidad de la organización.
Al descontar el impacto del proceso inflacionario, el volumen real de ventas experimentó retrocesos consecutivos de 29,5% en 2024 y de 33,4% en 2025. Esta dinámica implicó que, durante el último ejercicio anual, el poder adquisitivo de los ingresos de la empresa representara apenas el 47% del nivel registrado en 2023, comprometiendo seriamente el flujo de caja necesario para la operatoria.
Radiografía del pasivo y los desafíos del sector
La composición de la deuda acumulada refleja la diversidad de frentes abiertos que enfrenta la administración. Del total del pasivo, $3.487,5 millones corresponden a endeudamiento con entidades financieras. En este segmento destacan acreedores institucionales de peso como Banco Provincia, Banco Galicia, Banco Nación y Banco Macro, a los que se suma una fuerte carga con proveedores por $1.566,9 millones.
Por otro lado, la compañía mantendría obligaciones fiscales y de la seguridad social por un total de $1.237,7 millones, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentra la porción más sustancial de las acreencias públicas. La imposibilidad de refinanciar este volumen de compromisos en el mercado de crédito tradicional aceleró la decisión de recurrir al auxilio de la Justicia concursal.
La compleja situación financiera resulta paradójica al contemplar el reciente plan de expansión trazado por la marca. La firma había inaugurado un establecimiento de 881,5 metros cuadrados sobre la avenida Santa Fe a fines de 2025, sumando luego otra sucursal en la avenida Cabildo a mediados de 2026, buscando potenciar su presencia física junto al canal digital y su histórico punto en Avellaneda.
El caso refleja los rigores que atraviesa la cadena de valor textil en todo el país, cuya resonancia impacta de lleno en los entramados comerciales e industriales de la región. Centros productivos y corredores comerciales en provincias estratégicas como Santa Fe sufren el rebote de la menor demanda, en un contexto marcado por la aceleración de productos importados y el encarecimiento de los costos operativos fijos.
Desde la conducción de la empresa habrían argumentado que el combo entre el repliegue del consumo masivo, la competencia externa y la restricción del crédito volvió insostenible la estructura de costos fijos proyectada para el crecimiento. Esta combinación de factores clausuró el margen de maniobra, transformando una estrategia de inversión en un problema de sobreendeudamiento estructural difícil de resolver.
En el ámbito del derecho comercial, la apertura del concurso preventivo busca otorgar un marco de protección para suspender ejecuciones y brindar un tiempo razonable de negociación. En las pymes y grandes superficies del rubro, el desafío actual consiste en readecuar las escalas operativas a una demanda reducida, priorizando el sostenimiento del empleo y la viabilidad de la producción nacional.
El desenlace de esta reestructuración será seguido de cerca por el ecosistema empresarial, como un termómetro de la capacidad de resistencia del sector comercial frente a la metamorfosis del consumo. El equilibrio entre capacidad instalada, costos financieros e ingresos reales continúa siendo la ecuación crítica a resolver para garantizar la supervivencia en el mercado actual.