Paraguay enfrenta una crisis bancaria con consecuencias políticas que llegan hasta la Presidencia. La suspensión de las operaciones de Ueno Bank, las dificultades de sus clientes para acceder al dinero y la investigación sobre presuntas irregularidades financieras confluyeron este martes 3 de noviembre en un escenario de fuerte tensión:.
Dos personas detenidas, ocho órdenes de captura y la renuncia presentada por el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding. Miguel Vázquez Villasanti, identificado como CEO de Ueno Bank, se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, después de que la Fiscalía ordenara su captura. Su entrega se suma a las detenciones de Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, en el marco de la causa abierta tras la denuncia del Banco Central por presuntas
La crisis tiene un componente institucional especialmente delicado. Carvallo Spalding había presidido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Ahora permanece provisionalmente en el cargo mientras ese organismo conduce la resolución de la entidad.
El impacto alcanza al presidente Santiago Peña, cuyo pasado como inversor en Ueno Holding vuelve al centro de la discusión pública. A ese antecedente se suma el volumen de recursos estatales colocados en el banco: según Bloomberg, los depósitos gubernamentales rondaban los US$869 millones y representaban el 29% de sus depósitos totales al cierre de junio. Se trata de una exposición que convierte la recuperación de los fondos públicos en uno de los asuntos centrales de la crisis.
El BCP informó que el Directorio decidió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución, mediante una disposición fechada el 2 de noviembre y comunicada el día 3, después de comprobar que el índice de solvencia de Ueno había quedado por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido.
El deterioro surgió de ajustes a los estados financieros durante el proceso de regularización. La precisión resulta relevante: el comunicado describe una insuficiencia patrimonial grave; no afirma que el banco haya perdido el 50% de los depósitos.
El procedimiento, encuadrado en la Ley 2334/03, contempla la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar el patrimonio y preservar los activos. El regulador sostiene que la situación corresponde a una entidad particular y no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
Para los clientes, entretanto, el efecto fue inmediato: quedaron suspendidas las operaciones y dejaron de estar disponibles los servicios con tarjetas y cuentas. La resolución trasladó la incertidumbre del balance bancario a la vida cotidiana de quienes utilizaban esos fondos.
La situación del Instituto de Previsión Social (IPS) concentra una de las mayores preocupaciones. Sus inversiones en Ueno incluyen certificados de depósito de ahorro y bonos financieros, instrumentos cuya recuperación deberá encauzarse dentro del procedimiento correspondiente.
Los reportes publicados este martes presentan diferencias en la cuantificación. El diario Última Hora informó una exposición cercana a US$345 millones, equivalente al 9% de la cartera de inversiones de la previsional. Radio 1000 recogió declaraciones de la gerente financiera Gladys Vera que situaban el monto alrededor de US$380 millones.
Los paraguayos amanecieron sin un peso
El IPS aseguró que las jubilaciones y los aguinaldos serán pagados en tiempo y forma. Además, aproximadamente 32.000 beneficiarios deberán pasar a otras entidades bancarias.
La garantía informada por el BCP alcanza a 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, equivalentes a 75 salarios mínimos mensuales.
Para los saldos superiores, el organismo anunció que utilizará los mecanismos legales disponibles para procurar su protección.
Las autoridades explicaron que cuentan con un plazo máximo de 15 días para completar el balance de exclusión de activos y pasivos, aunque buscan acortarlo. Ese plazo corresponde a una etapa del procedimiento y no debe presentarse como una promesa de devolución total de todos los fondos.