La senadora provincial cuestionó al Gobierno y sostuvo que cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Defendió las modificaciones que propuso al proyecto y afirmó que presentar observaciones no significa bloquear la ley, sino mejorar los mecanismos de transparencia y control patrimonial de los funcionarios.
La senadora provincial Patricia Díaz salió al cruce de los cuestionamientos por el tratamiento legislativo de la Ley de Ética Pública y Ficha Limpia. A través de una publicación, aseguró que el oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar con la iniciativa y reclamó que no se le atribuya responsabilidad por una eventual demora en su aprobación.
“El Gobierno tiene los votos para aprobar la ley de Ética Pública y Ficha Limpia. Si no avanza, debe hacerse cargo de esa decisión”, expresó la legisladora, quien sostuvo que no corresponde responsabilizarla por una situación que, según afirmó, no depende de su banca.
Los cambios que reclama Díaz
En su descargo, la senadora explicó que los aportes presentados al proyecto respondieron a una pauta de trabajo acordada en comisión. Según indicó, las propuestas fueron expuestas, fundamentadas públicamente y planteadas también durante la sesión legislativa.
Díaz consideró que la iniciativa necesitaba correcciones para fortalecer los mecanismos de control sobre el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas. Entre los principales puntos que mencionó se encuentran la presentación de declaraciones juradas anuales, la incorporación de criptoactivos, una definición más precisa de los bienes que deben declararse y la posibilidad de acceder públicamente a la información para controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.
“La ética pública tiene que servir para saber qué hacen con el poder y cómo cambia su patrimonio mientras lo ejercen”, sostuvo.
De esta manera, la legisladora buscó diferenciar sus objeciones al contenido del proyecto de una eventual intención de impedir su aprobación. Su argumento central es que la discusión parlamentaria debe permitir perfeccionar las normas y garantizar que las herramientas de transparencia tengan una aplicación efectiva.
“No tengo ningún problema con rendir cuentas”
En otro tramo de su publicación, Díaz respondió a los cuestionamientos vinculados con su patrimonio y afirmó que tanto ella como su familia han estado expuestos públicamente durante toda su vida.
“Vivimos con austeridad y, cada vez que tuve que dar explicaciones, las di. No tengo ningún problema con rendir cuentas ni con que la ciudadanía nos controle”, manifestó.
La senadora también cuestionó los ataques que, según señaló, recibió de un sector de la prensa. En ese contexto, vinculó las críticas con su posición frente a determinadas prácticas y acuerdos políticos que, de acuerdo con su interpretación, se repiten desde hace años entre sectores del oficialismo y la oposición.
Díaz afirmó que esos cuestionamientos no modificarán su postura ni su manera de ejercer la función legislativa.
Una discusión que excede los votos
La controversia vuelve a poner en el centro del debate dos cuestiones que deberían complementarse: la voluntad política de aprobar una norma de transparencia y la calidad de los instrumentos que esa ley establece para controlar a quienes administran recursos y ejercen responsabilidades públicas.
La posición de Patricia Díaz apunta a que la discusión no quede reducida a la cantidad de legisladores que respaldan el proyecto, sino que también contemple el alcance de las obligaciones patrimoniales, la publicidad de las declaraciones juradas y las posibilidades reales de fiscalización ciudadana.
La legisladora cerró su mensaje con una definición directa sobre el conflicto: “Presentar aportes no es bloquear una ley. Tener los votos y buscar a quién culpar por no aprobarla es buscar una excusa”.
Por ahora, sus declaraciones expresan la posición de la senadora frente a los cuestionamientos. La discusión política y legislativa deberá determinar cómo se incorporan —o si se incorporan— las modificaciones planteadas y cuáles son los pasos que seguirá el tratamiento de la iniciativa.