Por unanimidad, el máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 en una causa contra Swiss Medical y ordenó que el Gobierno reasuma el control de los aumentos de la medicina privada, como así también revocó el fallo que retrotraía el tope automático atado a la inflación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las dos normas con las que el gobierno de Javier Milei eliminó el control estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga.

Con la firma digital unánime de los ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió el expediente «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986» y restituyó las facultades de fiscalización y autorización del Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

De conformidad con el dictamen de la Procuración Fiscal, los jueces declararon admisibles los recursos extraordinarios interpuestos por Swiss Medical S.A. y el Estado Nacional (Ministerio de Salud), y confirmaron parcialmente la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

En concreto, la Corte avaló la invalidez constitucional de la desregulación dispuesta por el decreto y el retorno al esquema de la ley 26.682, pero revocó el fallo de segunda instancia en todo lo demás —es decir, dejó sin efecto el remedio judicial que limitaba las subas al Índice de Precios al Consumidor (IPC)— y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a estas pautas, con imposición de costas.

La decisión del máximo tribunal respalda la línea jurisprudencial que la Cámara Federal de La Plata venía consolidando en los últimos meses a raíz de un fallo dictado el 30 de octubre por la Sala III de ese mismo tribunal —integrada por los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Emilio Santiago Faggi— también contra Swiss Medical S.A.

Al mismo tiempo, la Corte aclaró de manera expresa que este pronunciamiento no implica emitir opinión sobre otros capítulos del DNU 70/2023, los cuales serán evaluados en cada caso concreto que llegue a sus estrados.

El origen del amparo, la suba del 110% y por qué la causa no quedó abstracta

El litigio se inició a partir de una acción de amparo promovida por María del Carmen Bobbio —con el patrocinio jurídico de la abogada María Inés Grieco— contra Swiss Medical S.A. —representada por Andrea Eliana Torres—, proceso al que luego se integró el Estado Nacional, representado por Santiago Varni. En su presentación inicial, la afiliada explicó que integra el «Plan SM02» y denunció que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 su cuota sufrió un incremento del 110%, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. Además, detalló que, bajo la vigencia de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, la actualización correspondiente a enero de 2024 habría sido apenas del 6,26%.

En primera instancia, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata rechazó el amparo. Sin embargo, tras la apelación de la demandante, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa resolución, declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, ordenó topear los ajustes según el IPC y dispuso que la autoridad de aplicación reasumiera sus funciones legales para fijar el valor de la cuota.

Para sostener su postura, la alzada remitió a sus propios precedentes —las causas FLP 3112/2024 «Decara», FLP 8522/2024 «G., J. C.» y FLP 1863/2024 «V., N. y otros»— y advirtió que el decreto dejaba a los usuarios expuestos a la cartelización del sector, una situación que consideró reconocida por el propio Ejecutivo cuando luego fijó topes transitorios.

Antes de ingresar en el fondo del asunto, la Corte Suprema coincidió con la Procuradora Fiscal —quien remitió a su dictamen en la causa CCF 4145/2024/CS1 «Cainelli, Elsa Angélica c/ OMINT S.A. de Servicios»— en que el reclamo no había devenido abstracto. Aunque en el expediente tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 3 homologó un acuerdo para devolver los montos cobrados por encima del IPC entre enero y mayo de 2024, el tribunal señaló que ese pacto abarcó un período acotado y no satisfizo la pretensión de fondo.

Los jueces remarcaron que esa vigencia del conflicto quedó confirmada por normas posteriores, como el decreto 102/2025, que modificó el artículo 17 del decreto 1993/2011 para establecer expresamente que las empresas comprendidas en la ley 26.682 «podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud».

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