El presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, William Borgo, denunció la existencia de “una industria del juicio laboral con personas que se han prestado para eso” y anunció la realización de una movilización en ruta y luego hacia la sede del juzgado de la mencionada localidad entrerriana.
El dirigente habló de un sistema por el cual la Justicia aplica un principio de presunción que da como ciertas las demandas por extensión de trabajo en negro, cuando en realidad, afirmó en muchos casos la dinámica laboral y cultural en torno al rubro de la citricultura hacen que los trabajadores están unos días en una cosecha y luego en otras cosechas, pero que aún así hay demandas que terminan “ejecutando al productor”. “En la ley madre de trabajo nuestra economía regional no está bien amparada porque es una promotora de mano de obra intensiva y temporal, lo que se llama empleada golondrina, pero no tenemos, en lo que es cosecha, raleo y poda, empleados fijos que trabajan todo el año, sino que es por temporada”, explicó en diálogo con radio “Costa Paraná”.
En el programa “Para empezar”, de la radio pública de Paraná, se dejó dicho que la protesta, en el sentido indicado, es por parte de productores de Villa del Rosario, San Roque, Santa Ana, entre otras localidades del área citrícola de Federación y Concordia.
Se le planteó al entrevistado que algunos jueces han indicado que deben decidir entre la demanda por años de trabajo en negro, que denuncian los trabajadores, y que los productores no sólo niegan esos años, sino que tampoco reconocen cuando se dan 15 días de contratación. Eso llevó a la explicación que desde el sector dio el presidente de la entidad citrícola: “Aquí se da una batalla legal entre abogado defensor y abogado demandante, en donde, como el empleo no está registrado se da por sentado que es preferible no reconocer la relación laboral por más que haya trabajado 15 días. Ahí, justamente, es donde está el problema: tenemos que lograr un método más efectivo porque lo que está vigente no da resultado y es un problema muy grave”.
Borgo recalcó la explicación respecto de las características del trabajo golondrina y remarcó que “las cosechas son temporarias” y que “la ley no encuadra a la economía regional” en cuestión. En ese sentido sostuvo que “hay que buscarle una forma de que se encuadre legalmente la actividad laboral”.
“Estamos trabajando con las instituciones en un proyecto de registración y también pedimos el ajuste político para bajar un poco los costos impositivos y de registración, que sean más ágiles las altas y bajas, y poner un punto final a las situaciones planteadas porque tomar un empleado es un dolor de cabeza y se generó hasta una paranoia. Y con un cincuenta por ciento de pobreza, no dar un empleo es una locura”, explicó el presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí.
Puntualizó que en el caso personal de su emprendimiento productivo no han tenido juicio, pero sí demandas que determinaron arreglos extrajudiciales e insistió en que muchos productores no toman gente por miedo a los juicios. “No le hace bien al país esa situación porque no conozco otra forma de salir de la pobreza, que no sea trabajando”, definió, haciendo hincapié en que la situación de la citricultura es diferente a la de cualquier otra actividad económica en materia laboral.
Al ejemplificar una situación, el entrevistado dijo que en el caso de un trabajador de la zafra, que demanda por dos años de trabajo aunque haya sido de días la relación laboral, según indicó, termina significando un pago de entre 500 mil y 600 mil pesos. Insistió en indicar que hay una industria del juicio por parte de “letrados que llevan de eso su porcentaje”.
Fuente: (Radio Costa Paraná)