Los empresarios advierten que la decisión anunciada por el presidente electo pondría en riesgo 450.000 empleos en todo el país

Esperan que, tras la apertura de sobres para licitar la primera etapa de construcción del acueducto, los trabajos comiencen en marzo.

Tras los anuncios de recorte de la obra pública que realizó el presidente electo Javier Milei para reducir el déficit, los actores vinculados al Estado y al empresariado advierten un escenario complejo. Aseguran que se pondrán en riesgo 450.000 empleos en todo el país, según la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, mientras las administraciones provincial y municipal verán resentidos los avances en obras como el Acueducto y el Gasoducto del Gran Rosario, rutas o la urbanización de barrios populares, sobre todo en la periferia.

Las medidas anticipadas por Milei generaron un cimbronazo. El gerente de la Cámara Argentina de la Construcción en Rosario, Rubén Llenas, alertó que si bien “el empresario privado puede invertir en obras de infraestructura, está ligado a la rentabilidad. La construcción tiene unos 450.000 obreros en todo el país, si no hay obra pública toda esa gente se quedará sin trabajo”.

Si bien aclaró que desconocía detalles del anuncio, anticipó que “habrá contactos con los funcionarios ya designados. El panorama es que hay obras en marcha. En la provincia nuestra entidad no tiene más que ofrecer su colaboración en este nuevo gobierno, no hay un país en marcha sin obra pública”.

Desarrollo productivo

Sobre la realidad en Santa Fe, agregó que “la intención de las nuevas autoridades provinciales es realizar obra pública. Esperamos que en Santa Fe se hagan, porque son necesarias para el desarrollo productivo del país”.

En ese sentido, Llenas sostuvo que “se plantea pagar la obra pública desde la participación público-privada (como lo impulsó en su momento el gobierno del ex presidente Mauricio Macri), pero desde la Cámara Argentina de la Construcción se hizo una investigación. En los países desarrollados la participación público-privada sólo llega a un promedio del 10 al 12 por ciento, es un porcentaje muy bajo”.

Por último, remarcó: “No hemos evaluado todavía las consecuencias de este anuncio, si un sector de la economía no tiene trabajo, el panorama será muy difícil, la construcción tiene unos 450.000 obreros en todo el país además de los administrativos. Hacemos esfuerzos para mantener ese plantel a pesar de las demoras en los pagos. Veremos cómo sigue la situación”.

Por su parte, el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, remarcó que existen “muchas obras que se necesitan en las provincias, particularmente en Santa Fe, que necesita rutas”. Así lo indicó tras reunirse con otros mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.

“Somos una provincia productiva que tiene campos, industria y puertos”, dijo próximo titular de la Casa Gris, quien además criticó la “desinversión que tuvo la provincia por parte del Estado nacional y que la ha perjudicado. Santa Fe ha aportado muchísimo a nuestro país en los últimos años y de eso ha vuelto muy poco. Eso que ha aportado Santa Fe se ha concentrado en el conurbano bonaerense, generando más pobreza a la Argentina y en el interior productivo”.

De confirmarse el plan de Milei, en Rosario el impacto podría ser notorio y verse seriamente afectados los planes de urbanizaciones en los barrios Ludueña, Los Pumitas, Piamonte, San Martín Sur, Santa Clara y Barrio Toba (incluían cloacas, energía, agua potable, veredas y apertura de calles, entre otros servicios esenciales) que impulsó la provincia en 2022 junto al Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad.

Aguas Santafesinas realizará trabajos en la planta del acueducto Gran Rosario, en Rondeau y Circunvalación.

Aguas Santafesinas realizará trabajos en la planta del acueducto Gran Rosario, en Rondeau y Circunvalación.

Además, los recortes podrían impedir los arreglos del sector desmoronado del parque de España, proseguir la protección de la cascada del Saladillo, realizar el tercer carril en un tramo de la autopista Rosario-Buenos Aires, terminar el Gasoducto Gran Rosario (ejecutado en un 35 por ciento) o iniciar la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario con la ampliación de la Planta Potabilizadora de Granadero Baigorria.

Algo visible también financiado por el Estado nacional es la segunda etapa de la puesta en valor y restauración del Monumento Nacional a la Bandera; el nuevo edificio anexo de la Facultad de Odontología y nueva sede del Complejo Agropecuario Casilda de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR.

La Municipalidad y sus estrategias para no detenerse

El secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, Sebastián Chale, le bajó el tono a los dichos del electo presidente y sacó a relucir la autonomía que generó Rosario en materia de obra pública.

“Hay obras como por ejemplo la del Monumento que tienen financiamiento nacional, pero está en ejecución parcial, con un contrato firmado y tendrá que completarse. Pero la mayor parte de la obra pública en la ciudad se hace con recursos propios”.

El funcionario destacó en ese sentido que “se ejecutaron obras de cloacas a partir de la creación de un fideicomiso, con colocación de bonos públicos y financiamiento internacional a partir de lo cual se obtuvieron créditos favorables, como es el caso de la urbanización de Villa Banana”.

Igualmente reconoció que habría algún impacto en obras regionales, como el acueducto o el gasoducto, o las autopistas a Buenos Aires y a Córdoba. “Es verdad que cuando hay financiamiento nacional las obras se aceleran, pero en general tenemos mecanismos con el mercado de capitales o fideicomisos”, dijo.

La empresa Dyscon S. A. es la encargada en la restauración integral del Monumento a la Bandera.
La empresa Dyscon S. A. es la encargada en la restauración integral del Monumento a la Bandera.

Aunque se mostró expectante, recordó que Rosario ya se desenvuelve como solicitó Milei, quien anunció que cada intendente deberá procurar recursos de financiamiento para la obra pública.

“La verdad es que Rosario nunca se quedó esperando la ayuda de Nación, siempre generamos estrategias, hemos tenido autonomía en el financiamiento y la ejecución, porque justamente nunca fuimos los más beneficiados por la transferencia nacional”, sumó.

Un riesgo

Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Publicas del Concejo, Martín Rosúa, adhirió a la necesidad de “poner como objetivo principal de política económica la búsqueda del equilibrio fiscal. Tenemos un Estado sobredimensionado e ineficiente, cuyo peso carga sobre los contribuyentes. El resultado del déficit crónico que tenemos es este proceso inflacionario que destruye los ingresos”, indicó el concejal radical del bloque Juntos por el Cambio.

No obstante, aclaró: “No nos parece lo más inteligente plantear la eliminación de la obra pública de financiamiento estatal. Tomar una decisión de este tipo en términos generales, sin evaluar las particularidades de cada caso, va a generar mayores costos de los que intenta resolver. Ni hablar de las obras ya iniciadas, lo cual implicaría alterar contratos, quebrar la seguridad jurídica, una decisión antieconómica desaprovechando lo ya invertido”.

Para Rosúa “quienes plantean la suspensión de la inversión pública en obras se referencian casi exclusivamente en el modelo de Chile. Pero cuando vamos a los números concretos vemos que en ese país el 12 por ciento de la obras son realizadas por el mecanismo de Participación Público Privada (PPP), y el resto es todo producto de la inversión pública”.

En ese sentido, recordó que “Argentina tiene un enorme déficit de infraestructura, en especial en cuestiones productivas, lo cual encarece los costos y resta competitividad. Frenar la obra pública implicaría agravar esta cuestión, generaría un cuello de botella al crecimiento económico y pérdida de divisas que dejarían de ingresar al país. Un ejemplo son los gasoductos para exportar gas y dejar de importar. Si esas obras no se hacen, el costo local de las empresas automáticamente aumenta, y lo que se gana por un lado se pierde por el otro”.

Fuente: (La Capital)

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