Para poner a Daniel Rossi en la parrilla mediática, la Justicia entrerriana imputó a un empleado municipal de Santa Elena con 32 años de antigüedad, sin antecedentes negativos en su legajo y con un salario de 1.600.000 pesos. Marcelo Medina no tiene auto ni moto, tiene cuatro hijos y todos los días va a trabajar en bicicleta. El intendente denuncia una persecución política y cuestiona la doble vara judicial frente a las grandes causas de corrupción que involucran fondos públicos. «Si llego a ser gobernador, a la corrupción topadora», remarcó Rossi.
Por Roberto García
La Justicia entrerriana vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, por una investigación que tiene como protagonistas al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y a Marcelo Medina, un empleado municipal de planta permanente que lleva 32 años trabajando en la administración pública local y que terminó imputado en una causa vinculada con el funcionamiento de la Contaduría municipal.
La descripción de Medina que realiza Rossi contrasta con la dimensión de las acusaciones que se pretenden instalar sobre su figura. Según el intendente, se trata de un trabajador sin antecedentes negativos en su legajo, que percibe alrededor de 1.600.000 pesos mensuales, tiene cuatro hijos, no posee automóvil ni motocicleta y vive en una casa heredada de sus padres. Todos los días concurre a trabajar en bicicleta.
¿Dónde está, entonces, el supuesto enriquecimiento que debería despertar sospechas? Esa es una de las preguntas que plantea el jefe comunal al cuestionar el procedimiento judicial.
Un nombramiento que atraviesa dos gestiones municipales
El origen de la investigación se remonta a 2015, cuando la contadora municipal se jubiló y Medina quedó interinamente a cargo de la Contaduría, durante los últimos días de la gestión de Daniel Rossi.
Según la explicación del intendente, esa designación respondió a una necesidad administrativa y a una situación excepcional contemplada por la normativa municipal, ya que el funcionamiento de la Contaduría resulta indispensable para garantizar la continuidad de la administración local.
El 10 de diciembre de ese año asumió Silvio Moreyra como intendente y, de acuerdo con la reconstrucción que expone Rossi, decidió mantener a Medina en esa función durante los cuatro años de su administración.
Sin embargo, el actual cuestionamiento judicial alcanza tanto a Medina como a Rossi, mientras que la decisión administrativa de sostenerlo en el cargo durante la gestión siguiente abre interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar las responsabilidades.
La pregunta que instala el intendente es absolutamente correcta y de sentido común: si se cuestiona la legalidad de aquella situación administrativa, ¿por qué la investigación no pone el mismo énfasis en todas las decisiones políticas que permitieron sostenerla?
La doble vara que denuncia Rossi
Pero el planteo de Daniel Rossi va mucho más allá de una imputación vinculada con la administración municipal. Su crítica apunta directamente al funcionamiento del Poder Judicial de Entre Ríos y a lo que considera una preocupante selectividad a la hora de investigar presuntos hechos de corrupción.
En ese sentido, volvió a poner sobre la mesa la causa de los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, un expediente que expuso un presunto mecanismo de desvío de fondos públicos y que tuvo un perjuicio económico estimado en alrededor de 53 millones de dólares durante el período investigado.
Para Rossi, resulta difícil explicar que la Justicia avance contra un empleado municipal con más de tres décadas de servicio mientras otras investigaciones, de enorme impacto económico e institucional, siguen generando cuestionamientos y reclamos de respuestas.
La comparación es parte central de su denuncia política. No se trata, según sostiene, de impedir que se investiguen posibles irregularidades en Santa Elena, sino de exigir que la misma determinación se aplique frente a todos los involucrados en causas que comprometen recursos públicos.
Rossi mira a 2027 y apunta contra el Poder Judicial
El contexto político tampoco es un dato menor. Daniel Rossi ya dejó trascender con claridad sus aspiraciones de competir por la gobernación de Entre Ríos en 2027 y considera que la exposición judicial de esta causa busca afectar su imagen y condicionar su proyección provincial.
La imputación de Medina, un trabajador municipal que lleva 32 años en la administración pública, se convirtió así en el centro de una disputa que excede los límites de Santa Elena.
Las acusaciones deberán ser esclarecidas en la Justicia y una imputación no equivale a una condena. Pero eso no impide discutir los criterios de actuación judicial, la igualdad ante la ley y la necesidad de que las investigaciones avancen sin privilegios ni persecuciones, algo que se potencia cuando se activa el paraguas mediático en este tipo de eventos en los que, las dudas que se instalen rápidamente en la opinión pública, tienen otras intenciones absolutamente alejadas de la imparcialidad y sus efectos en el ámbito de la política partidaria son para nada inocentes.
Porque si la Justicia pretende recuperar la confianza de los entrerrianos, debe demostrar que no hay empleados de primera y de segunda, ni causas que merezcan toda la atención y otras que puedan quedar relegadas.
En Entre Ríos, la vara de la Justicia no puede depender del apellido, del cargo ni de las aspiraciones políticas de quienes aparecen en un expediente.