El expediente fue iniciado por el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes solicitaron que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad retomen las tareas vinculadas con la infraestructura vial en Entre Ríos.
La Justicia Federal de Victoria dio trámite a unamparo presentado por legisladores entrerrianos contra el Estado nacional por el destino de los fondos del impuesto a los combustibles que, según los demandantes, deberían utilizarse para el mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales de la provincia.
El expediente fue iniciado por el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes solicitaron que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad retomen las tareas vinculadas con la infraestructura vial en Entre Ríos.
Qué resolvió la Justicia Federal
En la causa 12957/2026, caratulada “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”, el juez federal de Victoria, Federico Martin, tuvo por modificada la demanda y declaró la competencia del fuero federal para intervenir en el expediente.
La resolución no implica todavía una orden al Gobierno para transferir los fondos ni una decisión definitiva sobre el reclamo. El magistrado señaló que, antes de resolver la medida cautelar solicitada por los demandantes, corresponde requerir información a las partes demandadas.
En concreto, el juez ordenó al Estado nacional y al organismo demandado que presenten, dentro de un plazo de tres días, un informe sobre el interés público comprometido por la medida solicitada. También podrán pronunciarse sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia del planteo y acompañar la documentación que consideren pertinente.
El reclamo por los fondos para las rutas
El planteo de los legisladores se centra en los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos y tiene entre sus objetivos el financiamiento de infraestructura vinculada al transporte.
Según sostuvo Guillermo Michel, una parte de los recursos recaudados a través de ese impuesto debería destinarse al mantenimiento y la reparación de las rutas nacionales.
“Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas”, afirmó el legislador, quien cuestionó que una porción de esos recursos haya sido destinada a instrumentos financieros.
Michel aseguró además que más de $1,5 billones que, según su planteo, deberían haberse destinado a infraestructura vial fueron derivados a otros instrumentos. Se trata de una afirmación de los demandantes que deberá ser analizada en el marco de la causa y frente a la información que presente el Estado.
Cuáles son las rutas nacionales alcanzadas por el reclamo
Entre las principales vías nacionales que atraviesan Entre Ríos se encuentra la Ruta Nacional 12, que ingresa a la provincia por el complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa localidades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná y continúa hacia el norte.
También está la Ruta Nacional 14, conocida como la Ruta del Mercosur, que recorre el este entrerriano y conecta ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
El listado incluye además la Ruta Nacional 18, que une Paraná con la zona de Concordia; la Ruta Nacional 127, que conecta el centro-norte provincial con el límite con Corrientes; y la Ruta Nacional 135, que vincula la Ruta 14 con Colón y el Puente Internacional General Artigas.
A estas se suman la Ruta Nacional 174, correspondiente al enlace vial del puente Rosario-Victoria, y otros corredores como las rutas nacionales 130, 131, 136 y A015.
Qué deberá hacer ahora el Gobierno
El expediente continuará con la presentación de los informes requeridos por el juez federal de Victoria. Una vez incorporada esa información, la Justicia podrá avanzar sobre la medida cautelar solicitada por los legisladores.
Por el momento, la resolución judicial se limita a dar curso al planteo, establecer la competencia del juzgado y requerir información a los organismos demandados.
La causa quedó así abierta a la discusión sobre el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y su utilización para la infraestructura vial de Entre Ríos.