La jueza de Nueva York dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba al país a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera en 2012. La decisión consolida el revés judicial para los demandantes, pero la disputa todavía tiene una instancia pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La jueza federal estadounidense Loretta Preska formalizó la anulación de la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, al incorporar al expediente de primera instancia las consecuencias del fallo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó en marzo de 2026.
La resolución, emitida el lunes 19 de octubre, deja sin efecto la sentencia de septiembre de 2023, cuando la magistrada había ordenado al Estado argentino pagar más de US$ 16.100 millones a los fondos demandantes. Con los intereses acumulados, el monto había superado los US$ 18.000 millones.
Se trata de un avance significativo para el país en uno de los litigios internacionales de mayor impacto económico de su historia. Sin embargo, el cierre formal de la causa en primera instancia no equivale todavía al final definitivo de la disputa judicial.
Un fallo que cambió el rumbo del juicio
El conflicto se originó en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.
Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park reclamaron una indemnización al sostener que el Estado argentino había incumplido las disposiciones del estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición por las acciones de los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y estableció una condena multimillonaria contra la Argentina.
Sin embargo, el escenario cambió el 27 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones revocó la indemnización. La mayoría del tribunal consideró que la jueza había interpretado incorrectamente el derecho argentino y que los reclamos por incumplimiento contractual no podían prosperar bajo ese marco legal.
Con esa decisión, el país logró revertir una condena que representaba una enorme amenaza para sus finanzas públicas y que había generado preocupación por la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior.
La Corte Suprema, el próximo capítulo
Pese al nuevo revés judicial, los demandantes no dieron por terminada la disputa. A comienzos de octubre, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones.
La presentación cuenta con la participación de Burford Capital, el fondo que financia el litigio y adquirió los derechos vinculados a los reclamos de los antiguos accionistas.
Ahora, el máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta revisar el fallo. Esa intervención no es automática: la Corte selecciona discrecionalmente los casos que considera y no tiene un plazo fijo para resolver el pedido.
Si rechaza la solicitud, quedará en pie la decisión favorable a la Argentina. Si acepta intervenir, el conflicto podría abrir una nueva etapa judicial.
Además, existe una vía paralela vinculada al reclamo de los demandantes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por lo que el panorama jurídico todavía requiere seguimiento.
Un alivio económico, pero con cautela
La formalización de la anulación representa una noticia favorable para la Argentina, porque mantiene fuera de efecto una condena que, de haberse sostenido, habría implicado una obligación de pago extraordinaria para el Estado nacional.
No obstante, corresponde distinguir entre la anulación de la indemnización y el cierre definitivo de todas las controversias relacionadas con el caso. La resolución de Preska cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones, mientras que la eventual intervención de la Corte Suprema sigue pendiente.
Por ahora, la condena de US$ 16.100 millones permanece anulada y la Argentina consiguió consolidar una victoria judicial de enorme relevancia. El desenlace definitivo dependerá de los próximos pasos de la Justicia estadounidense.