El Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y se crearán organismos para coordinar su implementación con las provincias.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, mediante el Decreto 875/2026, completando el marco normativo para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema.

La normativa será aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 que sean imputados por la comisión de delitos.

El nuevo régimen establece mecanismos específicos para determinar la responsabilidad penal de los adolescentes y contempla medidas orientadas a su educación, resocialización e integración social.

El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación

La reglamentación establece que el Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación del régimen en el ámbito nacional y federal.

Entre sus responsabilidades estarán la coordinación de los mecanismos necesarios para implementar el sistema, el seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas judiciales y la articulación con las distintas áreas del Estado y jurisdicciones.

También deberá intervenir en las políticas de capacitación de los operadores del sistema y en los mecanismos destinados a brindar atención integral a las víctimas.

Crearán un registro de supervisores

Uno de los instrumentos contemplados es el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.

Los incorporados tendrán funciones de seguimiento, asistencia y control de los adolescentes imputados y deberán contar con formación especializada en áreas vinculadas con educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social, entre otras disciplinas.

Hasta que se encuentre constituido el registro definitivo se utilizará un listado provisorio. La primera convocatoria pública para integrar el nuevo organismo deberá realizarse dentro del plazo establecido por la reglamentación.

Un comité integrado por cuatro ministerios

El decreto también crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará de manera permanente en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, mientras que la coordinación quedará en manos del representante de Justicia.

Entre sus funciones estarán la articulación de las políticas vinculadas con la prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes, el intercambio de información y la coordinación administrativa y operativa necesaria para implementar las medidas contempladas por la legislación.

El organismo también podrá elaborar recomendaciones y promover acciones conjuntas entre las diferentes áreas gubernamentales involucradas.

Coordinación con las provincias

La reglamentación dispone además la conformación de una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a coordinar la aplicación del nuevo sistema entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo será intercambiar experiencias, avanzar en criterios técnicos y procesales comunes y facilitar la celebración de convenios entre las distintas jurisdicciones.

También podrán participar representantes de organismos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Atención a las víctimas y capacitación

El nuevo esquema incorpora mecanismos para garantizar la atención integral de las víctimas de los delitos, además de contemplar medidas complementarias y alternativas previstas por la legislación.

Asimismo, establece la necesidad de contar con capacitación especializada para jueces, fiscales, defensores y otros operadores que intervengan en procesos penales juveniles.

La reglamentación también prevé mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, bajo criterios de confidencialidad y reserva debido a que se trata de procedimientos que involucran a menores de edad.

Cuándo comenzará a aplicarse

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La normativa estableció un plazo para su entrada en vigencia y el decreto reglamentario determina que ambas disposiciones comenzarán a regir de manera conjunta.

Con la reglamentación, el Poder Ejecutivo completó una de las etapas necesarias para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años, que reemplaza el esquema anterior y modifica el marco de responsabilidad penal aplicable a menores de 18 años.

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