Los defensores presentan un informe donde aseguran que la condenada a Cristina Kirchner se basó exclusivamente en la creación del Decreto 54 (que aún continúa vigente), mediante el cual, la ex presidenta supuestamente benefició a la empresa de Lázaro Báez. Sin embargo, esa empresa solo obtuvo el 0,85% de la obra pública por la que fue condenada. Plantean que de 367 obras de Vialidad, solo 17 estuvieron vinculadas al Grupo Austral. El dato surgió de un completo informe técnico presentado por un testigo que propuso la fiscalía en la causa denominado «Cuadernos». Esto abre una inmensa posibilidad de revisión de la condena pero antes de llevará el caso a la ONU.
“Fue mal condenada”, apuntó Alberto Beraldi en una conferencia de prensa este martes, luego de anunciar novedades en la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Según explicó Beraldi, un testigo de la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos con el detalle de todos los proveedores de la obra pública durante esos años. A partir de ese archivo, el equipo de la expresidenta encargó una auditoría económico-financiera al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, de la consultora Specs, con sede en San Pablo.
El informe pericial, fechado este 14 de septiembre en San Pablo, analizó la planilla “Analítico 2008-2015 Xls”, que forma parte del expediente 9608/2018 que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°7, y cruzó esos datos con la nómina de empresas del Grupo Austral, el listado de obras de la causa Vialidad y la evolución del tipo de cambio entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
El resultado, según el documento, es que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió en ese período 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de US$2.200 millones. De esas 367 obras, solo 17 están vinculadas a la causa Vialidad —el 4,63% del total— y corresponden a cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, y la Sucesión de Adelmo Biancalani. A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, el 0,93% del total, por un monto de US$18,66 millones: el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 en el período analizado.
El informe también muestra que esa participación fue decreciendo año a año: representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, cayó al 0,18% en 2011 y fue del 0% entre 2012 y 2015. En el ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por la Fuente 14, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias: el primer lugar lo ocupa IECSA, con el 16,36% del monto total (US$360 millones), seguida por JCR (10,18%), Benito Roggio e Hijos (9,55%), José Cartellone Construcciones Civiles (9%) y Rovella Carranza (5,92%).
La imagen gráfica que expone la mínima participación de Lázaro Báez el el reparto de los fondos recibidos para obras.
Con esos números, la defensa de Cristina Kirchner busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y el empresario Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder. Beraldi dijo que el hallazgo es “monumental” porque a la expresidenta “se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita” solo por haber firmado el decreto presidencial 54/2009, mientras que la evidencia económica muestra que la porción de fondos que recibió el entorno de Báez fue marginal frente al total de la obra pública nacional del período.
Se comparó a todo el texto, en el que justificaron la acusación a la ex presidenta, confirmado por miles de páginas, con una muy mala imitación de José Hernández. A la vez, se hizo un paralelismo de la obra de Hernández «El Quijote» ironizando con los errores en el proceso judicial por el cual se la condenó.
A partir de la nueva prueba queda claro que, no solamente no se favoreció a Lázaro Báez, que fue el motivo de su condena, sino que muestra a empresas pertenecientes a empresarios que están en la vereda de enfrente ideológicamente a la ex presidenta, entre las principales beneficiadas en las adjudicaciones de quel entonces.
«La prueba nueva sustrae cualquier elemento fáctico para la condena», expresaron.
En el ranking en el cual figuran las 15 primeras empresas ubicadas conforme los montos que recibieron en materia de contratación para obras públicas, no aparece la firma «Austral» de la familia Báez. Según indicó uno de los abogados de la ex presidenta, en esa lista que firma parte de las pruebas incluidas en la causa cuadernos y confeccionada por un empleado técnico de Vialidad Nacional, aparece el nombre de la empresa de Lázaro Báez en la posición 24 o 25.
