El gremio estatal convocó a una movilización para este miércoles en rechazo al Decreto 1023/26. Denuncia que el programa impulsado por el Gobierno nacional no constituye una salida voluntaria, sino una herramienta de presión para reducir la planta estatal, vulnerar la estabilidad laboral y abrir la puerta a la contratación de consultoras privadas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización para este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos, en rechazo al programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Desde el sindicato cuestionaron duramente la medida y sostuvieron que, detrás de la iniciativa, existe una política de ajuste orientada a profundizar el desmantelamiento de la estructura estatal.
La organización gremial considera que el mecanismo establecido mediante el Decreto 1023/26 no puede ser presentado como una decisión libre de los trabajadores cuando, según denuncia, existen amenazas de pases a disponibilidad y posteriores despidos para quienes se nieguen a aceptar las condiciones propuestas.
“No es retiro voluntario, es despido extorsivo”, es una de las consignas con las que ATE busca visibilizar su rechazo al plan oficial. Para el gremio, la posibilidad de perder el empleo y la cobertura de salud constituye una presión incompatible con el consentimiento libre que debería caracterizar cualquier acuerdo de desvinculación laboral.
ATE apunta contra Sturzenegger y las consultoras privadas
El sindicato también dirigió sus críticas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabiliza políticamente por el avance de las medidas destinadas a reducir el empleo público.
Desde ATE cuestionaron, además, el argumento del ahorro fiscal. Sostienen que las desvinculaciones podrían terminar siendo más costosas para el Estado si las tareas que actualmente realizan trabajadores con experiencia pasan a manos de consultoras privadas, a las que acusan de percibir contratos millonarios.
En ese sentido, el gremio advierte que la reducción de personal no necesariamente implica una mejora en la eficiencia estatal, sino que podría trasladar funciones públicas al sector privado y generar nuevos negocios a partir de la contratación de servicios externos.
Otro de los puntos cuestionados es la restricción para cubrir las vacantes que se generen durante dos años. Para la organización sindical, esa disposición profundizaría la pérdida de capacidades técnicas y de experiencia acumulada dentro de la administración pública, con consecuencias sobre la prestación de servicios esenciales.
La comparación con los años noventa
En su pronunciamiento, ATE trazó un paralelismo con las políticas de ajuste y reducción del Estado aplicadas durante la década de 1990. El sindicato recordó que aquellas reformas fueron presentadas como una oportunidad de modernización, pero terminaron asociadas, en su lectura, con despidos, precarización y un fuerte deterioro social.
La organización sostiene que el programa actual forma parte de una estrategia más amplia de achicamiento estatal y advirtió que la salida de trabajadores con trayectoria puede afectar el funcionamiento de áreas fundamentales para la población.
Frente a ese escenario, el gremio anticipó que responderá con medidas de acción directa y convocó a los trabajadores a participar de la movilización.
“No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, es el planteo central de la organización sindical.
La protesta de este miércoles buscará llevar el conflicto hasta las puertas de la Quinta de Olivos y convertir el rechazo a los retiros voluntarios en una nueva señal de confrontación con la política laboral del Gobierno nacional.
Para ATE, la discusión excede la continuidad de los puestos de trabajo. Lo que está en juego, advierte el gremio, es también el futuro de los servicios públicos, la estabilidad de los trabajadores estatales y el papel que debe cumplir el Estado frente a las necesidades de la sociedad.
