La ley agroindustrial está dormida desde el año pasado en el Congreso y, tras un pedido de Sergio Massa, comenzará a debatirse esta tarde en Diputados, con la exposición del flamante secretario Juan José Bahillo. Casi en paralelo, el Senado realizará una reunión de asesores para reflotar un proyecto de 2021 de varios legisladores cristinistas para empujar la compra estatal de alimentos de productores “de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sus cooperativas y asociaciones”.

Según consta en la iniciativa firmada por la senadora María Teresa González (Formosa), así como de su coprovinciano José Mayans -jefe del interbloque oficialita- y el camporista Mariano Recalde, entre otros, las jurisdicciones y entidades “que adquieran alimentos y/o materias primas para la elaboración de alimentos, deberán prever que en sus respectivos Planes Anuales de Contratación no menos del TREINTA por ciento (30%) del crédito anual aprobado para ese rubro de gastos sea destinado a la compra de alimentos y/o materias primas para la elaboración de alimentos abastecidos por agricultores y agricultoras familiares, en forma individual, asociativa o cooperativa”.

En el octavo artículo del proyecto se deja claro que “tendrá preferencia la oferta realizada por el/la agricultor/a familiar, de manera individual, asociada o cooperativa, cuyo establecimiento productivo o elaborador declarado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), en el Registro Provincial de Establecimiento (RPE) o en el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) según corresponda, se encuentre a una distancia de más de QUINIENTOS (500) km del domicilio de entrega establecido en el pliego de bases y condiciones particulares”.

La ley que proponen los senadores kirchneristas crea un “Fondo Nacional para el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar”, que estará integrado por “las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación”; “otros ingresos que deriven de la gestión de la Autoridad de Aplicación”; “las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales”; y “los intereses y rentas de los bienes que posea”.

El texto en cuestión, que es bien visto por piqueteros papales como Juan Grabois, establece que el Fondo que crea el articulado servirá para “difundir y capacitar a los productores, productoras y cooperativas de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena sobre las preferencias de contratación que el presente Régimen establece”; “asistir y brindar capacitaciones para la compra pública de alimentos e insumos alimenticios de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena al personal técnico-administrativo junto con los organismo competentes del Poder Ejecutivo Nacional”; “relevar de manera permanente la oferta nacional y provincial de productos y proveedores de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para ofrecer información sobre su capacidad de abastecimiento a las dependencias públicas que así lo requieran”; y “asistir técnica y financieramente a los productores, productoras y cooperativas y asociaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en la producción, transformación, elaboración y comercialización de sus productos”, entre otras cuestiones.

Diputados

Bahillo asistirá esta tarde para fomentar el proyecto agroindustrial, que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país. Es decir, alejado de lo que plantea la iniciativa del Senado. De hecho, la propia Cristina de Kirchner recibió en 2020 a representantes de la agroindustria .

Quien habló desde la oposición fue el diputado radical y exministro del macrismo Ricardo Buryaile. “Las expectativas son mesuradas, ya que uno entiende que el funcionario recién asumió, pero queremos saber cuál es el plan que tiene el Gobierno para el sector”, manifestó.

Buryaile también dijo que Bahillo deberá detallar “cómo se piensa destrabar la situación de la liquidación de las exportaciones, así como las trabas a la hora de vender al exterior ciertos tipos de hacienda”, y reclamó saber “cuánto se puede flexibilizar la ley de agroindustria, que queremos contribuir a sacar con algunas modificaciones”, junto al futuro en el corto plazo de los derechos de exportación -retenciones-, tema trascendental para el campo.

Fuente: Ámbito

Por Pcv

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