Bausili, presidente del BCRA, dijo que los lingotes están en Suiza, pero la documentación que analiza la AGN y nuevas revelaciones ubican físicamente las reservas en Londres. La discusión excede el destino del oro: pone en cuestión la transparencia con la que el Gobierno informa sobre las operaciones financieras del Estado.
Por Roberto García
Hay algo mucho más importante que saber dónde está el oro argentino. Es saber por qué el Gobierno de Javier Milei no puede ofrecer una explicación clara, precisa y verificable sobre qué hizo con una parte de las reservas del Banco Central.
Durante más de dos años, el Ejecutivo mantuvo bajo reserva información sobre el traslado de los lingotes de oro al exterior. Cuando finalmente el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue consultado en el Senado, aseguró que las reservas habían sido trasladadas y depositadas en el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en Suiza.
“Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando”, afirmó el funcionario.
El problema es que esa explicación quedó rápidamente bajo cuestionamiento.
Según información publicada posteriormente por Página/12 y otras fuentes periodísticas, los lingotes no estarían físicamente en Suiza sino en Londres, depositados en el Banco de Inglaterra, aunque vinculados a operaciones realizadas a través del BIS. La diferencia no es menor. Una cosa es decir que un activo está registrado o colocado a través de una institución financiera determinada y otra muy distinta es afirmar que el oro físico se encuentra en un país cuando la trazabilidad disponible indica otro destino. Y hay un dato todavía más delicado.
La Auditoría General de la Nación todavía no pudo certificar la trazabilidad de las reservas porque, según informó el propio organismo, el Banco Central demoró más de un año en entregar documentación necesaria para realizar el análisis. Es decir, mientras Bausili habló ante el Senado de una operación debidamente documentada y auditada, la AGN sostiene que el proceso de verificación todavía no terminó.
El problema no es solamente dónde está el oro
El Gobierno pretende presentar esta discusión como una cuestión técnica. Como si todo se redujera a determinar si el oro está en Basilea, Londres o en una bóveda determinada. Pero no es solamente eso.
Estamos hablando de reservas del Banco Central de la República Argentina. Activos que pertenecen al patrimonio de la autoridad monetaria y, en definitiva, forman parte del respaldo financiero del país.
Por eso la sociedad tiene derecho a conocer qué se hizo con ellos, bajo qué condiciones, con qué finalidad, quién autorizó las operaciones y cuál fue el resultado económico. Allí aparece otro capítulo todavía más preocupante.
De acuerdo con la información publicada por Página/12, parte del oro habría sido utilizado como garantía de operaciones financieras, entre ellas una operación de futuros que habría terminado provocando una pérdida cercana a los 1.000 millones de dólares, situación que habría quedado reflejada en el balance del Banco Central correspondiente a 2025. La AGN pidió explicaciones sobre esa pérdida.
También se menciona la utilización del oro como respaldo de operaciones de tipo Repo, mecanismos financieros mediante los cuales un activo se utiliza como garantía a cambio de financiamiento, con compromiso de recompra.
Si esto es así, la pregunta deja de ser solamente “¿dónde está el oro?”. La pregunta pasa a ser ¿qué hicieron con él?
Cuando la palabra oficial pierde valor
El Gobierno de Milei construyó buena parte de su discurso político alrededor de una supuesta superioridad moral y técnica frente a la política tradicional.
Habla permanentemente de transparencia, de eficiencia, de terminar con los privilegios y de administrar el Estado como si se tratara de una empresa privada. Pero cuando se trata de información sensible sobre las reservas del país, aparecen las contradicciones.
Primero se mantuvo en secreto el traslado. Después se explicó que la confidencialidad era necesaria para evitar que otros actores del mercado pudieran anticiparse a las operaciones del Banco Central.
Y finalmente, cuando el propio Gobierno decidió brindar una explicación, esa explicación comenzó a ser cuestionada por organismos de control y por información periodística basada en documentación sobre la trazabilidad de los activos. El problema institucional es evidente.
Si un Gobierno no puede decir con claridad dónde están las reservas de oro del país, ¿qué garantías tiene la sociedad de que está diciendo toda la verdad cuando informa sobre otras operaciones económicas?
La confianza también es una reserva
La economía no funciona solamente con dólares, bonos, oro o reservas. También funciona con confianza. Y la confianza se pierde cuando la información oficial aparece una y otra vez rodeada de contradicciones, silencios o explicaciones que después deben ser corregidas.
Este caso debería ser tomado con absoluta seriedad por el Congreso, por la AGN y por todos los organismos que tengan responsabilidad en el control de los recursos públicos. Porque no alcanza con decir que “todo está documentado”. Hay que mostrarlo.
Hay que explicar dónde está el oro, cuál es su titularidad, bajo qué figura está depositado, qué operaciones se hicieron utilizando esos activos como garantía y cuál fue el resultado económico de cada una.
Y si existió una pérdida de alrededor de mil millones de dólares, también hay que explicar quién tomó la decisión, por qué se tomó y quién debe responder por ella.
El verdadero riesgo es que la mentira se convierta en método
La discusión sobre el oro argentino debería encender una alarma mucho más profunda.
Porque si un Gobierno puede sostener una versión sobre un activo estratégico de la Nación y luego esa versión es puesta en duda por la documentación que analiza el organismo encargado de auditarlo, el problema entonces no es solamente financiero, es institucional, es además democrático y es fundamentalmente político.
Un Gobierno puede equivocarse. Puede tomar una mala decisión. Puede realizar una operación financiera que termine generando pérdidas.
Lo que no puede hacer es ocultar información, negar explicaciones o construir relatos que no resistan una mínima comprobación.
Porque si la ciudadanía acepta que el poder puede decir una cosa sobre el oro, otra sobre las reservas, otra sobre la deuda y otra sobre el resultado de sus operaciones financieras, entonces se rompe algo mucho más importante que una cuenta del Banco Central.
Se rompe la posibilidad de que la sociedad pueda controlar a quienes administran sus recursos. Y ahí está el verdadero problema.
El oro puede estar en Londres, en Suiza o registrado en una cuenta del BIS. Pero lo que no puede estar en ninguna parte es la verdad a medias cuando lo que está en juego son las reservas de todos los argentinos.