El Gobierno libertario busca que su política monetaria y financiera tenga continuidad, aun en el caso de que el voto popular decida un cambio de rumbo en la elección presidencial de 2027. Tal es el sentido del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que esta semana se aprobó en Diputados y pasó a la Cámara Alta, orientado a blindar el modelo regresivo actual.
Por Carlos Heller
La iniciativa del oficialismo propone suprimir las facultades que le fueron otorgadas al BCRA en la reforma de 2012, a fin de «promover (…) la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».
La «misión primaria y fundamental» de la autoridad monetaria, según alienta el oficialismo, es «preservar el valor de la moneda», una orientación que va a contramano de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos.
La Reserva Federal (así se denomina al banco central norteamericano) tiene un mandato dual y para definir su política monetaria toma en cuenta tanto los niveles de inflación como los de empleo.
El proyecto libertario busca, además, eliminar operaciones de financiamiento al Tesoro. Lo cual impediría al Banco Central actuar ante eventuales situaciones de crisis, como podría ser una catástrofe natural.
Se propicia, por otra parte, que los miembros del directorio del BCRA solo puedan ser removidos con el voto de dos tercios de ambas Cámaras parlamentarias, una mayoría muy difícil de lograr.
El mensaje a los mercados es que, aunque haya un recambio en el Poder Ejecutivo, seguirán siendo los mismos directores actuales de la entidad los que seguirán manejando las riendas de una de las principales herramientas macroeconómicas.
Recaudos
El Gobierno nacional extrema los recaudos para perpetuar sus políticas ultraliberales, aun cuando sus logros son bien pobres, o nulos, en la batalla contra la inflación, y negativos en materia de actividad industrial, generación de empleos, consumo interno y distribución de los ingresos. Todo lo cual, sumado a los retrocesos que constatan múltiples mediciones estadísticas, no le impidió al presidente Javier Milei resaltar esta semana el supuesto «éxito del modelo de crecimiento económico» que viene implementando.
La realidad es que ese modelo tiende a funcionar con gran parte de la población al margen de los beneficios reservados a megainversores privados, locales y foráneos, a los que se garantiza menos pago de impuestos y mayores rentabilidades.
Como paliativo, se anunció días atrás un impulso al crédito hipotecario, respaldado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Por cierto, no deja de ser un reconocimiento implícito de que la economía no reacciona.
En concreto, el FGS colocará en los bancos plazos fijos a 1 y 5 años, ajustables por UVA + 2,5% y UVA + 4,5%, respectivamente. Con estos fondos las entidades deberán otorgar préstamos a un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA + 7,5%.
De todos modos, el principal escollo para que el crédito hipotecario y la economía repunten está en la caída del salario real y del ingreso disponible de los hogares. Deterioro que el Gobierno niega.
Endeudados
Un comentario sobre la situación de la mora crediticia y los endeudados.
El tomar crédito no es algo malo en sí mismo. Pero cuando se recurre al mismo para cubrir necesidades esenciales (y encima a altas tasas de interés) sí lo es.
La Argentina tiene una crisis de ingresos, ya que hay una enorme porción de la ciudadanía a la que no le alcanza el ingreso para cubrir sus necesidades básicas y los servicios públicos, entonces se endeuda, muchas veces a tasas altísimas, para sobrevivir.
Esta «salida» tiene frazada corta, ya que al poco tiempo la situación se agrava porque los ingresos siguen en retroceso, a lo que se le suman los altos intereses por pagar.
De allí surge, en gran medida, el crecimiento en los niveles de morosidad.
A la caída en los ingresos de la población se le suma el hecho de que escasean las regulaciones, en particular sobre las entidades financieras no bancarias.
El mercado no puede por sí solo definir cuáles deben ser las tasas y las condiciones de los préstamos. Ambas cuestiones son centrales a la hora de abordar la problemática de la morosidad y sus responsabilidades.
Es decir, el sistema financiero tiene que estar regulado. No obstante, hay muchos prestamistas (dirigidos a las clases de bajos ingresos, las más débiles financieramente) que hoy en día se encuentran por fuera de esa regulación estatal, que resulta imprescindible aunque no esté contemplada en los planes del oficialismo.