La entidad Industriales Pymes Argentinos aseguró que la cantidad de firmas que recurren a concursos preventivos creció con fuerza durante el último año. Advirtieron sobre más cierres, pérdida de empleo y reclamaron una ley de emergencia económica para asistir al entramado productivo.
La asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA) manifestó su preocupación por el deterioro que atraviesa el sector productivo y advirtió que la cantidad de empresas que recurren a concursos preventivos ya se ubica por encima de los niveles registrados durante la pandemia. Desde la entidad señalaron que el fenómeno se profundizó durante el último año y reclamaron medidas urgentes para evitar una escalada de quiebras.
El presidente de la organización, Daniel Rosato, sostuvo que el crecimiento de los procesos concursales refleja la gravedad del momento que atraviesan las empresas. Según indicó, en la Ciudad de Buenos Aires estos casos aumentaron un 131,75% respecto de 2023, una cifra que encendió alarmas dentro del sector industrial.
Ante ese panorama, IPA volvió a insistir con la necesidad de declarar la emergencia económica a nivel nacional. La entidad recordó que ya presentó un proyecto en el Congreso y que la iniciativa fue acercada tanto a senadores como a diputados con el objetivo de brindar herramientas para contener la situación que enfrentan las compañías.
Rosato consideró que la Argentina perdió posiciones en materia industrial y aseguró que actualmente se encuentra detrás de México y Brasil. En ese contexto, afirmó que «queremos que el Gobierno nacional entienda que es un error pensar que en la Argentina no puede haber industria».
El dirigente también cuestionó el enfoque de las políticas oficiales al sostener que la atención está puesta principalmente en los indicadores macroeconómicos mientras se deja de lado la realidad de las empresas y los trabajadores. Según expresó, esa falta de atención sobre la economía real contribuye a profundizar una crisis que impacta sobre gran parte de la población.
Otro de los puntos señalados por la entidad fue la flexibilización del comercio exterior. Desde el sector consideran que la apertura de las importaciones representa una amenaza para la producción local y rechazan la idea de que una mayor llegada de productos del exterior se traduzca automáticamente en mejores precios o en una mejora del poder adquisitivo.
De acuerdo con IPA, los datos vinculados a la actividad muestran un escenario marcado por cierres de establecimientos, despidos y una creciente pérdida de puestos de trabajo formales. En ese marco, Rosato afirmó que más de 327.000 trabajadores dejaron de contar con cobertura del sistema de riesgos del trabajo y recordó que la entidad había advertido sobre la posible desaparición de 1.200 empresas para julio de este año, una proyección que, según señaló, se está agravando con el avance de la crisis.
El titular de la organización también cuestionó la política tributaria y comercial al considerar que existe una diferencia de trato entre quienes producen en el país y quienes comercializan bienes importados. Según planteó, las pymes continúan soportando una fuerte carga impositiva mientras se otorgan beneficios a actividades vinculadas a productos del exterior, una situación que, a su entender, termina favoreciendo la generación de empleo fuera de la Argentina.
Desde IPA remarcaron además que solicitaron reuniones con el presidente Javier Milei en distintas oportunidades, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta. La entidad indicó que durante los últimos meses presentó diversas propuestas, entre ellas un proyecto de emergencia económica, social, productiva, laboral y fiscal, y lamentó que esas iniciativas aún no hayan tenido avances.