La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo vuelve a las comisiones este miércoles, con la intención de avanzar hacia un dictamen que permita su tratamiento legislativo. La senadora Patricia Díaz, del departamento La Paz, defiende sus modificaciones y rechaza que se la responsabilice por las demoras: reclama más controles patrimoniales, garantías judiciales y reglas claras.
El Senado de Entre Ríos retoma este miércoles 21 de octubre el debate sobre la Ley de Transparencia y Ética Pública, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial que incluye el régimen conocido como Ficha Limpia y que permanece pendiente de aprobación en la Cámara alta desde que obtuvo media sanción de Diputados en agosto de 2024.
La reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, prevista para las 11, será una nueva instancia para intentar acercar posiciones sobre un proyecto que reúne dos objetivos centrales: establecer mayores exigencias de transparencia para quienes ejercen funciones públicas y fijar restricciones para acceder a determinados cargos y candidaturas cuando existen condenas penales.
Sin embargo, el camino hacia el consenso no ha sido sencillo. Las diferencias sobre el contenido de la norma, el alcance de las declaraciones juradas y las condiciones judiciales para aplicar la Ficha Limpia demoraron su avance y abrieron un contrapunto político entre el oficialismo y sectores de la oposición.
El proyecto del Ejecutivo: transparencia, controles y Ficha Limpia
La iniciativa oficial, identificada como expediente 26.785, reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y propone un marco general de conducta para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado.
El texto aprobado por Diputados contempla obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y mecanismos de control, además de un régimen de declaraciones juradas patrimoniales. También establece restricciones vinculadas con los conflictos de intereses y la recepción de regalos u obsequios relacionados con el ejercicio de la función pública.
Uno de los capítulos más sensibles es el de Ficha Limpia. Según las características del proyecto debatido en el Senado, se busca establecer inhabilitaciones para personas alcanzadas por determinadas condenas penales confirmadas en una segunda instancia judicial.
Para el oficialismo, la sanción de la norma representa un paso necesario para fortalecer la transparencia institucional y fijar reglas más estrictas para el ejercicio de responsabilidades públicas.
El senador Rafael Cavagna, de Juntos por Entre Ríos, sostuvo públicamente que existe voluntad política de aprobar la ley y remarcó que el criterio del doble conforme es un punto que el oficialismo no está dispuesto a negociar.
No obstante, el hecho de que la iniciativa cuente con media sanción desde 2024 y todavía no haya completado su recorrido legislativo expone las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre su redacción definitiva.
Patricia Díaz cuestiona el texto y defiende sus modificaciones
En el centro de la discusión aparece la senadora provincial Patricia Díaz, representante del departamento La Paz, quien presentó una serie de modificaciones al proyecto y rechazó las acusaciones que la señalaron como responsable de las demoras.
La legisladora sostiene que sus planteos no buscan bloquear Ficha Limpia, sino mejorar una ley que considera importante para el funcionamiento institucional de la provincia.
“Quiero una ley de Ética Pública seria y una Ficha Limpia con reglas claras. Presentar aportes no es bloquear una ley”, afirmó Díaz en declaraciones difundidas el 13 de octubre.
La senadora también cuestionó que se le atribuya la responsabilidad por la falta de avances y sostuvo que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa si existe una decisión política de hacerlo.
Entre sus propuestas figuran la presentación anual de declaraciones juradas, una mayor precisión sobre los bienes que deben declararse, la inclusión de criptoactivos y el acceso público a la información patrimonial para que la ciudadanía pueda controlar la evolución de los bienes de los funcionarios.
Su planteo introduce una discusión que excede la posibilidad de impedir o habilitar candidaturas: qué información deben publicar los funcionarios, con qué frecuencia deben actualizarla y qué herramientas tendrá la ciudadanía para verificarla.
El doble conforme, una de las claves del debate
La discusión jurídica se concentra también en las condiciones que deben cumplirse para que una condena penal produzca una inhabilitación política.
El criterio del doble conforme apunta a que exista una confirmación judicial de la condena en una instancia superior. La discusión legislativa debe precisar cómo se incorpora ese requisito al texto y cuál será su alcance concreto para las personas alcanzadas por la norma.
Desde el oficialismo, Cavagna defendió esa exigencia como un componente irrenunciable de Ficha Limpia. Por su parte, Díaz planteó la necesidad de establecer reglas claras y preservar las garantías judiciales, sin renunciar al objetivo de contar con mayores controles.
En este punto, el desafío consiste en compatibilizar dos principios que deben formar parte de una legislación sólida: la exigencia de integridad para el acceso a la función pública y el respeto por las garantías constitucionales y el debido proceso.
La redacción final deberá evitar ambigüedades sobre las condenas comprendidas, los plazos de aplicación y los efectos concretos de las inhabilitaciones.
Una ley de ética pública que debe ir más allá de las candidaturas
Otro aspecto central de los planteos de Díaz es que la transparencia no debería agotarse en determinar quién puede o no presentarse a una elección.
La senadora propone fortalecer el control de las declaraciones juradas, ampliar la información sobre los activos financieros y patrimoniales y garantizar mecanismos de consulta pública que permitan comparar la situación económica de los funcionarios a lo largo del tiempo.
En ese sentido, sus modificaciones también abarcan las reglas sobre obsequios, conflictos de intereses, sanciones, autoridades de aplicación y garantías durante las investigaciones administrativas.
La diferencia de enfoque es relevante: mientras el debate público suele concentrarse en la posibilidad de impedir candidaturas por antecedentes penales, una ley integral de Ética Pública también debe establecer cómo se previenen y detectan posibles incompatibilidades, enriquecimientos injustificados y conflictos entre intereses privados y responsabilidades estatales.
La discusión parlamentaria deberá determinar cuáles de estas propuestas se incorporan al texto definitivo y cuáles son rechazadas o reformuladas.
¿Quién es responsable de la demora?
El contrapunto político quedó expuesto cuando Cavagna atribuyó la falta de aprobación a las diez modificaciones presentadas por Díaz. El legislador oficialista, sin embargo, también señaló que esos planteos fueron recibidos para su análisis y que existía disposición a buscar consensos.
La senadora rechazó esa interpretación y aseguró que sus aportes fueron presentados en el marco del trabajo acordado en comisión. A su entender, estudiar una iniciativa, advertir sobre sus falencias y proponer alternativas forma parte de las responsabilidades de cualquier representante legislativo.
El desacuerdo, por lo tanto, no pasa solamente por el contenido de la ley, sino también por la interpretación política de las demoras y por la voluntad de los distintos sectores para alcanzar una redacción compartida.
La reunión de este miércoles aparece como una nueva oportunidad para acercar posiciones y avanzar hacia un dictamen. Si el Senado introduce modificaciones y posteriormente las aprueba, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para que esta se pronuncie sobre los cambios.
Una discusión que exige controles efectivos y garantías claras
El debate sobre Ficha Limpia y Ética Pública plantea una pregunta de fondo para las instituciones entrerrianas: cómo construir un sistema de control que permita exigir responsabilidades a los funcionarios y, al mismo tiempo, garantice reglas precisas, procedimientos transparentes y respeto por los derechos constitucionales.
La aprobación de una ley de estas características puede representar un avance institucional, pero su eficacia dependerá de los mecanismos de control que establezca, de la publicidad real de la información patrimonial y de la independencia y capacidad de los organismos encargados de aplicarla.
Por eso, el resultado de las negociaciones no debería medirse únicamente por la rapidez con la que se consiga una votación. También será necesario evaluar qué controles quedarán efectivamente establecidos, qué garantías tendrán las personas alcanzadas y si la norma permitirá un seguimiento ciudadano concreto de la conducta y el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.
Con el proyecto nuevamente en discusión, el Senado deberá definir si logra un acuerdo que permita destrabar una iniciativa pendiente desde hace más de dos años o si las diferencias sobre su contenido vuelven a postergar su tratamiento definitivo.
Fuentes: Senado de Entre Ríos; Análisis Digital, declaraciones del senador Rafael Cavagna del 1 de octubre de 2026; Entre Ríos Ahora, declaraciones de la senadora Patricia Díaz del 13 de octubre de 2026.