Una investigación vuelve a poner bajo la lupa al entorno de la secretaria General de la Presidencia. Belén Agudiez, Mara Gorini y Bettina Angeletti aparecen vinculadas a una trama de contratos, empresas privadas y presuntas irregularidades que ya derivaron en una denuncia penal.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, vuelve a quedar en el centro de una investigación periodística que plantea interrogantes sobre el funcionamiento de su círculo más cercano y sobre la utilización de recursos, funcionarios y vínculos del Estado para actividades privadas.
La investigación publicada este lunes por La Política Online reconstruye una presunta red de negocios alrededor de personas vinculadas directamente con la hermana del presidente Javier Milei y pone el foco en tres nombres: Belén Agudiez, Mara Gorini y Bettina Angeletti.
El caso tiene como escenario principal a la Quinta de Olivos y ya llegó a la Justicia Federal a través de una denuncia penal que plantea posibles delitos contra la administración pública. La presentación tiene como principal apuntada a Agudiez, quien hasta este lunes ocupaba la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia y era considerada una funcionaria cercana a Karina Milei.
La salida de Agudiez fue oficializada este lunes mediante el Decreto 1055/2026, después de permanecer desde el comienzo de la gestión libertaria dentro del esquema de la Secretaría General de la Presidencia. La decisión se produjo en medio de la crisis generada por las filtraciones y los cambios en la seguridad de la residencia presidencial. Pero el problema no termina con una renuncia.
La denuncia que puso la lupa sobre Olivos
Según la investigación de La Política Online, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia contra Agudiez y su cuñado, Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos.
La presentación cuestiona, entre otras cosas, los volúmenes de carne y alimentos adquiridos para la residencia presidencial y plantea la hipótesis de que parte de esos productos podrían haber sido derivados hacia una empresa privada de catering vinculada a Agudiez y Sosa.
La denuncia sostiene que existirían inconsistencias entre las cantidades compradas por el Estado y el consumo que razonablemente podría producirse dentro de la residencia presidencial.
La hipótesis deberá ser determinada por la Justicia. No obstante, el planteo adquiere mayor relevancia porque, de acuerdo con la investigación periodística, aparecen vinculaciones entre empleados de Olivos y una empresa privada denominada «Pancitos Caseros».
Entre los elementos mencionados figura una póliza de seguro contratada para personal de catering en la que aparecen personas vinculadas a la administración de la Quinta de Olivos. La denuncia sostiene que algunos empleados estatales habrían figurado como integrantes de un emprendimiento privado relacionado con servicios gastronómicos.
De Olivos a los negocios privados
La investigación también incorpora a Mara Gorini, una persona del círculo de confianza de Karina Milei.
Gorini fue socia y apoderada de Foggia Group, una productora que continuó vinculada a su entorno familiar después de su ingreso al Gobierno. Según La Política Online, la empresa estuvo relacionada con negocios y proyectos vinculados al Estado, entre ellos la disputa por la concesión de Tecnópolis.
El vínculo se vuelve todavía más sensible porque Foggia Group habría contratado por al menos $55 millones a +BE, una consultora perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del entonces funcionario Manuel Adorni.
La propia investigación había informado en julio que el contrato se produjo mientras Foggia Group competía por la concesión de Tecnópolis, una operación que involucraba una cifra considerablemente mayor y cuya adjudicación debía pasar por funcionarios del Gobierno.
De esta manera, el caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales interrogantes que acompañan a la gestión libertaria desde su llegada al poder: dónde termina la actividad privada de empresarios y allegados y dónde comienza el ámbito de influencia del Estado.
Karina Milei vuelve a quedar en el centro de la escena
El nombre de Karina Milei aparece nuevamente no porque la investigación publicada sostenga que haya sido imputada por estos hechos, sino por la cercanía política y funcional que, según distintas fuentes periodísticas, mantienen con ella las personas involucradas. Ese dato no es menor.
La secretaria General de la Presidencia concentra un enorme poder dentro del Gobierno y es una de las figuras más influyentes de la administración de Javier Milei. Por eso, cada denuncia que involucra a integrantes de su círculo más próximo genera inevitablemente preguntas sobre los mecanismos de control, los vínculos empresariales y el funcionamiento de las estructuras que dependen de ella.
Además, no se trata del primer episodio que coloca a Karina Milei bajo cuestionamientos por sus relaciones con personas interesadas en hacer negocios con el Estado.
En marzo de este año, una investigación de LA NACION señaló que Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del caso $LIBRA, habría utilizado sus vínculos con Karina Milei para acceder a funcionarios y explorar posibles negocios con el Estado. Esa investigación se basó, entre otros elementos, en mensajes recuperados del teléfono de Novelli y registros de ingresos a la Casa Rosada y Olivos.
Una pregunta que vuelve a aparecer
El nuevo escándalo obliga a formular una pregunta que excede los nombres propios: ¿qué controles existen sobre los vínculos entre funcionarios, empresarios y personas del entorno presidencial?
Porque si las denuncias finalmente fueran descartadas, corresponderá que la Justicia lo determine y que quienes fueron señalados puedan explicar cada una de las acusaciones. Pero si las sospechas se confirman, el problema sería mucho más profundo que una irregularidad administrativa.
Estaríamos frente a un esquema en el que recursos públicos, funcionarios y relaciones de poder podrían haber sido utilizados para favorecer negocios privados. Y allí aparece nuevamente Karina Milei.
No necesariamente como acusada por estos hechos, sino como la figura política alrededor de cuyo círculo de confianza vuelven a aparecer nombres, empresas, contratos y denuncias que reclaman explicaciones.
En un Gobierno que construyó buena parte de su discurso sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política y transparentar el uso de los recursos públicos, cada sospecha de este tipo tiene un peso particular.
Porque la consigna de que «la casta» debía quedar afuera del Estado también debería alcanzar a quienes hoy tienen acceso privilegiado al poder. Y en ese terreno, la transparencia no puede depender de discursos: debe demostrarse con documentos, controles y explicaciones públicas.