El máximo tribunal rechazó el pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que la Justicia entrerriana dejara de investigar el patrimonio del exsenador. La causa de San Isidro y el expediente que tramita en Concordia continuarán por separado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las investigaciones judiciales que involucran al exsenador entrerriano Edgardo Kueider continúen por separado. De esta manera, la Justicia Federal de San Isidro y la Justicia provincial de Entre Ríos mantendrán abiertos sus respectivos expedientes.
La decisión del máximo tribunal rechazó el planteo de inhibición presentado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien había solicitado que el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia dejara de intervenir en parte de la investigación patrimonial sobre Kueider, particularmente en el período comprendido entre 2015 y 2019.
El conflicto había llegado a la Corte luego de que el juez entrerriano Ives Bastián rechazara apartarse del expediente. La Justicia provincial sostiene que tiene competencia para investigar el patrimonio de Kueider y el presunto enriquecimiento ilícito durante el período en que ocupó distintos cargos públicos en Entre Ríos.
Dos investigaciones con puntos de contacto
En San Isidro, Arroyo Salgado investiga una trama de presuntos sobornos vinculada a la empresa Securitas y a distintos organismos, entre ellos ENERSA, donde Kueider se desempeñó como representante de la provincia.
Ese expediente analiza posibles delitos como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero. La investigación federal también encontró conexiones con el patrimonio del exsenador, lo que llevó a plantear que parte de las actuaciones debía concentrarse en ese fuero.
En Concordia, en cambio, se investiga si Kueider registró un incremento patrimonial apreciable e injustificado entre 1999 y 2019, período que abarca sus años de actividad política y distintos cargos públicos en el ámbito municipal y provincial.
La discusión entre ambos fueros surgió precisamente por la posible conexión entre esas investigaciones.
La Corte siguió el criterio de la Procuración
Antes de resolver, la Corte recibió el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal, quien recomendó rechazar el pedido de inhibición.
Según el criterio de la Procuración, que haya una conexión entre determinados hechos investigados en San Isidro y el patrimonio de Kueider no significa que todos los posibles hechos vinculados a su evolución patrimonial deban quedar automáticamente bajo jurisdicción federal.
Casal también advirtió sobre la necesidad de evitar una eventual doble persecución penal por los mismos hechos. Sin embargo, consideró que en esta etapa de la investigación no correspondía quitarle competencia a la Justicia entrerriana.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron en línea con ese dictamen y rechazaron la inhibitoria solicitada por Arroyo Salgado.
¿Qué significa la resolución?
La decisión no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Kueider ni sobre la existencia de los delitos que se investigan.
Lo que establece es que, por ahora, las dos investigaciones pueden continuar en forma paralela. La Justicia de Concordia seguirá analizando la evolución patrimonial del exsenador, mientras que el fuero federal de San Isidro continuará con la investigación relacionada con los presuntos sobornos y la trama vinculada a Securitas y ENERSA.
A medida que avance la producción de pruebas, deberán delimitarse los hechos investigados en cada expediente para evitar una eventual superposición. Ese punto está relacionado con el principio jurídico conocido como ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.
Kueider, entre dos frentes judiciales
La resolución de la Corte mantiene así abierto el escenario judicial para el exsenador entrerriano, que enfrenta investigaciones tanto en la Argentina como en Paraguay.
Kueider permanece detenido en Paraguay desde diciembre de 2024, cuando fue descubierto intentando ingresar al país con más de 200.000 dólares sin declarar. Allí fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y además afronta una investigación vinculada al presunto lavado de activos.
Mientras tanto, en la Argentina, el patrimonio que construyó durante sus años de actividad política y sus presuntos vínculos con una trama de sobornos seguirán siendo examinados por dos jurisdicciones diferentes.
La decisión de la Corte no cierra ninguna de esas investigaciones. Por el contrario, deja el camino abierto para que ambas continúen avanzando y obliga a que, a medida que aparezcan nuevas pruebas, se precise qué hechos corresponden a cada expediente.