La presentación apunta al presidente y al ministro de Economía por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por instrucción del gobernador Axel Kicillof, presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el incumplimiento en la ejecución del Fondo Hídrico.
La denuncia será presentada ante los Tribunales Federales de La Plata y llevará la firma del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. La misma apunta contra el jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal), el incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249), el retardo injustificado de pagos (art. 264) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173, inc. 7°, y 174, inc. 5°).
Por ley, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica está compuesto por el 4,31% del Impuesto a los Combustibles, destinado a la prevención de inundaciones y la recuperación de tierras productivas. Sin embargo, ante el arribo del Superniño, la provincia de Buenos Aires denuncia una importante subutilización de los fondos. «Ha sido casi nula», remarcaron fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense a Diagonales.
Entre 2024 y 2026, de un promedio asignado por ley de $402.931 millones, solo se ejecutaron $147.834 millones en obras (apenas el 36,7%). En cambio, al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo Hídrico contaba con $339.993 millones corrientes, de los cuales $290.676 millones (el 85,49%) se destinaron a Letras del Tesoro.
En conferencia de prensa, el ministro Gabriel Katopodis señaló que con esos fondos la provincia de Buenos Aires podría haber financiado 40 obras hídricas, como la adecuación del cauce del río Areco; 8 obras como la segunda etapa de la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca; y otras tres obras como el mejoramiento del tramo medio del río Luján.
«Los recursos del Fondo Hídrico tendrían que haber sido invertidos en obras contra las inundaciones. Después de tres años estaríamos muchísimo mejor preparados para enfrentar la llegada del Superniño», exclamó Katopodis. Por ese motivo, afirmó: «hacemos responsables a los funcionarios nacionales de los daños y los perjuicios que están ocurriendo y puedan ocurrir en la provincia de Buenos Aires, producto del incumplimiento» en la ejecución del Fideicomiso.
«Ese incumplimiento en un contexto como el actual, donde ya empezamos a ver los efectos del Superniño en provincias cercanas, es gravísimo», enfatizó.
Las autoridades provinciales advirtieron que en los próximos meses el escenario climático y el impacto en los suelos bonaerenses serán cada vez más graves, con un fuerte riesgo de inundaciones en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Según explicaron, el mayor riesgo está en la crecida del Paraná y en la imposibilidad de que los ríos que atraviesan la provincia de Buenos Aires desagoten allí en los periodos de lluvias.
«Si llueve en la provincia de Buenos Aires y el río Paraná está alto, nuestros ríos no pueden desembocar ahí y nos empezamos a inundar nosotros», explicaron a este medio.
Mientras tanto, el Gobierno sigue recaudando el impuesto sobre el combustible cada vez que alguien carga nafta o gasoil en cualquier estación de servicio del país. «Hoy esa plata se la está robando el Gobierno nacional: cobra los impuestos, no hace las obras y pone a buena parte de la población en la intemperie por absoluta negligencia», denunció Katopodis.
La realidad es que ahora la ejecución del Fondo Hídrico no va a permitir hacer grandes obras hidráulicas que hubieran permitido afrontar los efectos del Superniño, pero desde la Provincia de Buenos Aires señalan que esos recursos se podrían utilizar para profundizar las tareas de prevención y afrontar las potenciales situaciones de emergencia que puedan surgir en los próximos meses.
Por eso, además de la denuncia penal, el Gobierno bonaerense renovó el pedido para que, si no va a hacer obras públicas, el Gobierno nacional coparticipe los recursos del Fondo Hídrico para que las provincias puedan prepararse para el impacto del fenómeno climático que ya está generando estragos en las provincias del Litoral.
MÁS DENUNCIAS: DISCRIMINACIÓN A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Además de la retención del Fondo Hídrico, el ministro Katopodis reiteró públicamente que el Gobierno nacional bloquea créditos internacionales para obras fundamentales en la provincia de Buenos Aires, al negar los avales que se necesitan para ejecutar esos préstamos.
Se trata de acuerdos de financiamiento internacional que consiguió la provincia de Buenos Aires, pero que para su ejecución necesitan la firma del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
«Por primera vez en democracia, el Gobierno Nacional le niega los avales a la Provincia de Buenos Aires para ejecutar préstamos internacionales aprobados», denunciaron desde Gobernación.
Uno de los préstamos consiste en un crédito de USD 200 millones, destinado a la construcción del túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras (beneficiando a Florencio Varela, Presidente Perón, Avellaneda, Almirante Brown y Quilmes).
Otro de los créditos bloqueados consiste en un financiamiento por USD 120 millones para obras hidráulicas en el Nodo Bragado (Subregiones A2 y A3 de la cuenca del Río Salado, abarcando a más de 12 municipios como Bragado, Junín, Pehuajó, Lincoln, Trenque Lauquen, 9 de Julio, entre otros.
Ante esta situación, los ministros Carlos Bianco y Gabriel Katopodis denunciaron públicamente una «distribución discrecional» y una «discriminación intencional» a la provincia de Buenos Aires dado que el Gobierno nacional otorgó avales a muchas otras jurisdicciones.
En concreto, el Gobierno Nacional repartió 18 créditos aprobados por un total de USD 1.973 millones entre otras 10 provincias pero le sigue negando los avales a la provincia de Buenos Aires.
«Ya ni siquiera les pedimos que nos den obras o la plata que nos corresponde, les estamos pidiendo una firma y hasta eso nos niegan», reclamó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Finalmente, Katopodis denunció el «desvío de préstamos internacionales para pago de deuda» a partir del caso de un préstamo del Banco Mundial (BIRF 9516-AR) que había sido aprobado en agosto de 2023 por USD 200 millones para obras hídricas y prevención de inundaciones.
En su título, el crédito dejaba en claro que los fondos debían utilizarse para «Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas». Sin embargo, desde la PBA sostuvieron que el Gobierno Nacional no ejecutó el préstamo y, por el contrario, destinó los recursos a financiar la deuda del Estado. (Diagonales)