La presencia del presidente de la Nación en el Congreso, este domingo por la noche, para presentar en el recinto el Presupuesto 2025, será un hecho no habitual, contrario a los usos y costumbres.
Tradicionalmente, el proyecto de ley se da a conocer en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, a la que asisten funcionarios del Poder Ejecutivo que defienden los lineamientos en reuniones amplias y abiertas de las que pueden participar todos los legisladores y legisladoras.
Se inicia así un intercambio necesario entre los representantes, ya que la iniciativa no se vota a libro cerrado. Sufre modificaciones producto de que en las definiciones sobre gastos y recursos hay múltiples actores involucrados (provincias, sindicatos, organizaciones sociales, cámaras empresarias, universidades, etcétera).
En esta oportunidad, sin embargo, no debe descartarse una puesta en escena, similar a las que Javier Milei suele protagonizar en distintos ámbitos.
Por lo pronto, desde el Gobierno se anticipó que se promoverá un presupuesto de ingresos, y que los gastos se adecuarán a ellos. Es decir que no habría una planificación del gasto necesario y la búsqueda de los recursos para cubrir ese gasto, como lo suele ser la planificación presupuestaria.
De este modo, el modelo neoliberal recargado seguirá en camino de reducir las funciones del Estado y suprimir las regulaciones hasta donde se pueda. Lo que significa dejar todo en manos de la «libre» negociación de las partes. Sin detenerse a ver que el poder real está de un solo lado, con un elevado grado de concentración frente a mayorías en situación cada vez más vulnerable.
Desde luego, hay otra forma de encarar el presupuesto: previendo la generación de mayores ingresos, a partir de un programa que impulse un crecimiento económico con mayor equidad. Pero también con impuestos a la riqueza, como lo está proponiendo la OCDE junto con el G20 (Grupo de los Veinte), mediante un tributo del 15% a las transnacionales.
O como dispuso el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que promulgó una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados super ricos en fondos personalizados y de las empresas offshore.
Construcción de mayorías
Existen en la Argentina opciones similares, además de la posibilidad de revisar los gastos tributarios y beneficios impositivos a empresas y actividades sectoriales, que hoy representan alrededor del 4,7% del PIB.
No es esa la orientación gubernamental, claramente. Lo vienen sufriendo en carne propia jubilados y jubiladas, que el pasado miércoles vieron cómo se rechazó la propuesta de mejora de sus ingresos, como consecuencia del respaldo de un grupo de diputados (87 «héroes») al veto presidencial.
Esos legisladores tienen que rendir cuentas a sus votantes, enfrentar a quienes les dieron un mandato que seguramente no contemplaba perjuicios a los jubilados. El daño, además, afecta particularmente a los de menores ingresos, ya que se mantiene congelado el bono de 70.000 pesos que vienen percibiendo, que en marzo representaba un tercio del haber recibido y en septiembre llega a apenas un cuarto.
La sesión del miércoles 11 en Diputados mostró, de todos modos, una amplísima mayoría (incluida la totalidad del bloque de Unión por la Patria) que ratificó el proyecto de recomposición de haberes previsionales, hecho destacable en el marco de fuertes presiones, ya que hay muchas jurisdicciones con serios problemas financieros producto de que el Gobierno cortó en seco la obra pública y las transferencias discrecionales.
En este último tiempo se han logrado mayorías para sancionar la ley jubilatoria, como también para aprobar el incremento del presupuesto universitario, que el presidente se apuró a decir que vetará en forma total.
El acuerdo de los dos bloques mayoritarios en la Cámara Alta logró asimismo el rechazo al decreto sobre los fondos reservados de la SIDE.
Considero que esa construcción de mayorías debe seguir consolidándose. Uno de los grandes desafíos que hay por delante es seguir trabajando para establecer mayorías que permitan rechazar el decreto 70/23. Enfrentar este modelo requerirá de los distintos actores sociales y de la ciudadanía en su conjunto, buscando la manera de lograr consensos que serán necesarios para cambiar el regresivo rumbo actual.