Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizan un paro de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante este martes 3 de noviembre un paro de actividades por 24 horas en todas las universidades del país, en el marco de un nuevo reclamo salarial y presupuestario. Además, el gremio anunció otras dos jornadas de protesta para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de profundizar el plan de lucha hasta obtener respuestas del Gobierno nacional.
La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación, que convocó al personal nodocente a continuar con el cese de tareas en reclamo de una urgente recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, desde la organización sindical señalaron que continuarán unidos y organizados en defensa de sus derechos laborales, sus salarios y la educación pública.
Asimismo, la decisión responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con la administración del presidente Javier Milei y a la preocupación por los recursos destinados al funcionamiento, la investigación y el sostenimiento de las universidades nacionales. Por este motivo, FATUN ratificó la continuidad de las medidas de fuerza hasta que el Ejecutivo atienda los reclamos del sector.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional mantuvo su postura de postergar su aplicación al argumentar la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal que implicaría su implementación. La norma fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, luego del veto presidencial. Finalmente, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato, tanto para la actualización salarial de docentes y nodocentes como para el refuerzo de las becas estudiantiles. Pese a estos fallos adversos, el Gobierno nacional presentó recursos de apelación para evitar la implementación de la normativa, mientras que el conflicto universitario continúa sin una resolución definitiva y los trabajadores avanzan con un nuevo cronograma de protestas.