La propuesta del titular de UPCN para que el exgobernador compita por la intendencia de Concordia vuelve a exponer las contradicciones de un sector del PJ entrerriano. Mientras reclama unidad, amnistía y candidatos creíbles, recurre a viejas figuras de poder y parece ignorar que la reconstrucción del peronismo exige algo más que acuerdos entre dirigentes. La sociedad reclama otros gestos.
Por Redacción Pcv
La política tiene una particularidad que algunos dirigentes parecen olvidar. No alcanza con tener poder, conservar estructuras, sumar respaldos sindicales o sentarse a negociar candidaturas. También hay que entender qué está pasando del otro lado, donde están los militantes desencantados, los trabajadores golpeados por la crisis y una sociedad que cada vez confía menos en quienes prometen representar sus intereses.
La propuesta de José Ángel Allende, titular de UPCN Entre Ríos, para que Gustavo Bordet sea candidato a intendente de Concordia en 2027 no es solamente una opinión sobre el futuro electoral del peronismo. Es una señal política que merece ser analizada, sobre todo por el contexto en el que aparece y por las figuras que vuelven a ocupar el centro de la escena.
Allende reclamó una gran amnistía dentro del Partido Justicialista, cuestionó las expulsiones de dirigentes y advirtió que la división favorece al gobernador Rogelio Frigerio. También sostuvo que el partido necesita candidatos creíbles, capaces de generar expectativas en la sociedad.
Hasta ahí, el diagnóstico puede resultar atendible. El problema comienza cuando se observa quién formula ese llamado, qué antecedentes arrastra y qué imagen termina proyectando el sector del peronismo que encuentra en este tipo de respaldos una salida para su crisis.
La contradicción entre el discurso y los gestos
José Ángel Allende fue condenado en 2022 a dos años de prisión condicional por amenazas contra el periodista Martín Carboni. Además, enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, en la que fue procesado junto con integrantes de su familia. La distinción es importante: la condena corresponde a las amenazas, mientras que la causa por enriquecimiento ilícito tiene un recorrido judicial diferente.
No se trata de desconocer el peso sindical de Allende ni su capacidad de interlocución dentro del peronismo entrerriano. Se trata de comprender que los antecedentes de quienes promueven candidaturas también forman parte del mensaje político que recibe la ciudadanía.
Por eso, cuando el dirigente de UPCN propone a Bordet para disputar la intendencia de Concordia, la pregunta excede la conveniencia electoral de esa candidatura. ¿Qué representa ese respaldo? ¿Qué imagen busca construir el exgobernador? ¿Qué mensaje reciben los sectores del peronismo que reclaman una renovación real y no una simple reorganización de los mismos espacios de poder?
Bordet no está obligado a aceptar una propuesta por el solo hecho de que provenga de un dirigente sindical con influencia. Pero tampoco puede desconocer que cada acercamiento político, cada alianza y cada gesto público construyen una identidad. En una etapa de desconfianza hacia la dirigencia, las compañías políticas no son un detalle menor.
Una amnistía para los dirigentes, ¿y la autocrítica para cuándo?
Allende plantea que el PJ debe abrir sus puertas, revisar las expulsiones y recuperar a dirigentes con peso territorial. Su argumento tiene una lógica electoral: un peronismo dividido tiene menos posibilidades de disputar el poder. Sin embargo, la unidad no puede convertirse en una palabra mágica que permita evitar cualquier discusión sobre responsabilidades, prácticas políticas y conductas públicas.
¿Unidad para qué? ¿Para volver a competir con las mismas lógicas, los mismos acuerdos y los mismos nombres? ¿O para reconstruir una fuerza política que vuelva a interpretar las necesidades de los entrerrianos?
El peronismo no perdió solamente por sus internas. También enfrenta el desgaste de años de gobierno, las preguntas sobre la gestión de sus dirigentes y la dificultad para ofrecer una perspectiva de futuro que vuelva a entusiasmar a quienes alguna vez lo acompañaron.
Una amnistía puede resolver un conflicto orgánico. No resuelve, por sí sola, una crisis de representación. Tampoco alcanza con recuperar dirigentes que ganan elecciones en sus territorios si el partido no se pregunta por qué una parte de la sociedad dejó de sentirse representada por él.
El voto importa, por supuesto. Pero la legitimidad política no se agota en el resultado de las urnas. También se construye con transparencia, coherencia y capacidad de reconocer errores.
El problema de Bordet no es solamente una candidatura
La posibilidad de que Gustavo Bordet compita por la intendencia de Concordia abre un debate que va más allá de sus aspiraciones personales. El exgobernador fue una de las figuras centrales del peronismo entrerriano durante años y su eventual regreso a la disputa municipal debería analizarse en función de lo que puede ofrecerle a la ciudad y a la provincia, no solamente de los acuerdos que consiga dentro de su espacio.
Además, Bordet atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, circunstancia que debe tratarse con responsabilidad y sin confundir una investigación con una condena. El exmandatario ha defendido públicamente su inocencia. Precisamente por eso, cualquier discusión sobre su futuro político necesita distinguir los hechos comprobados de las acusaciones y, al mismo tiempo, reconocer que la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas son cuestiones centrales para recuperar confianza pública.
En ese escenario, el respaldo de Allende no necesariamente fortalece la imagen de Bordet. Puede producir el efecto contrario: reinstalar la percepción de que una parte del peronismo sigue resolviendo su futuro mediante acuerdos entre dirigentes que conocen muy bien los mecanismos del poder, pero parecen tener dificultades para escuchar el clima social.
La política no se reconstruye solamente desde las mesas de negociación. Se reconstruye cuando las decisiones dirigenciales vuelven a tener sentido para la gente común.
La militancia necesita algo más que una orden de unidad
Hay una cuestión que debería preocupar especialmente a la conducción del PJ entrerriano. La militancia no es un ejército que deba obedecer cada decisión de sus referentes sin hacer preguntas. Está integrada por hombres y mujeres que sostienen unidades básicas, recorren barrios, acompañan reclamos sociales y ponen el cuerpo en las campañas. Muchos de ellos también padecen el deterioro económico, la pérdida de derechos y el desencanto con la política.
Pedirles que vuelvan a militar con entusiasmo exige ofrecerles razones. No alcanza con explicarles que hay que unirse para evitar que gane Frigerio. El adversario político puede ser un argumento electoral, pero no reemplaza un proyecto propio ni una conducta que inspire confianza.
Y mucho menos puede pretenderse que la sociedad olvide sus cuestionamientos porque determinados dirigentes consiguieron ponerse de acuerdo.
La renovación no consiste en cambiar una candidatura por otra mientras se mantienen intactas las formas de hacer política. Tampoco significa expulsar a todos los dirigentes con trayectoria. Significa revisar qué prácticas deben continuar, cuáles tienen que terminar y qué valores deben orientar una nueva etapa.
Si el peronismo quiere recuperar credibilidad, deberá comprender que la sociedad no está esperando solamente una lista competitiva. Espera señales concretas de que aprendió algo de sus derrotas.
La sociedad entrerriana está mirando
La propuesta de Allende pone sobre la mesa una discusión necesaria, aunque sus promotores quizá no adviertan todas sus consecuencias. Un sector del peronismo reclama unidad y candidatos creíbles, pero corre el riesgo de transmitir que la prioridad sigue siendo acomodar las piezas de su estructura antes que escuchar las demandas sociales.
Ese es el verdadero problema político. No se trata de negar la trayectoria de Bordet, desconocer el peso sindical de Allende ni clausurar anticipadamente ninguna candidatura. Se trata de entender que la credibilidad no se decreta y que el respaldo de una estructura no siempre se traduce en confianza ciudadana.
El peronismo entrerriano necesita unidad, sí. Pero necesita, antes que nada, una autocrítica sincera, dirigentes capaces de asumir responsabilidades y gestos que permitan diferenciar una nueva etapa de las prácticas que contribuyeron a su desgaste.
Porque si cada intento de reconstrucción termina en una fotografía entre los mismos protagonistas, con los mismos códigos y las mismas promesas, el mensaje será demasiado claro.
La militancia necesita razones para volver a creer y la sociedad necesita motivos para volver a confiar. Si una parte del PJ todavía confunde unidad con impunidad política y respaldo sindical con legitimidad social, corre el riesgo de llegar a 2027 con los acuerdos cerrados, pero con la puerta de la sociedad cada vez más lejos.