La Casa Rosada insiste en la aprobación de las reformas contenidas en la fallida Ley ómnibus y en el DNU 70/23. Un contexto atravesado por el vínculo con los gobernadores, las urgencias sociales, la agenda legislativa, las medidas de fuerza y el recorte presupuestario. La situación en Entre Ríos, el desarrollo de la gestión y la renovación de autoridades partidarias del PJ.
Por Mariano Osuna
Marzo es un mes clave en la organización anual de la sociedad argentina. Finalizan las vacaciones de verano; inicia el ciclo lectivo de la educación primaria, secundaria y universitaria; arrancan las Sesiones Ordinarias del Congreso nacional, los parlamentos provinciales y los concejos deliberantes; y comienza la temporada fuerte del año laboral en muchas actividades productivas, económicas y comerciales. 90 días después de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación, marzo y abril también conforman un período relevante para el devenir de la gestión, la materialización de algunos logros macroeconómicos, la revalidación del capital político y de la legitimidad popular, y las estrategias de contención del proceso recesivo y de la compleja situación social.
La importancia de los objetivos de esa primera etapa se transforman en una carrera contrarreloj para la construcción de los cimientos del programa de gobierno a largo plazo. La importancia de ese horizonte, y sus implicancias en un tiempo bisagra para la administración nacional, forma parte de un diagnóstico compartido por la oficina estelar de Casa Rosada, el gabinete nacional de Economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la oposición parlamentaria, las cámaras empresarias y los principales sindicatos o confederaciones de trabajadores. Allí se mezclan las urgencias del Gobierno central, las necesidades de las provincias, la intransigencia de La Libertad Avanza, los desacuerdos parlamentarios con un oficialismo sin quórum propio, la fragmentación opositora, las consecuencias de la devaluación, la inflación y la recesión, los condicionamientos internacionales, y las secuelas de la desregulación económica y la mercantilización de lo social.
¿Barajar y dar de nuevo?
Tras la frustrada discusión en particular, en la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, y la posterior rebelión patagónica ante el recorte nacional de fondos coparticipables y partidas presupuestarias discrecionales, el Presidente de la Nación anunció la convocatoria a todos los gobernadores a un Pacto del 25 de Mayo, con 10 ejes declarativos y/o programáticos, que será firmado en Córdoba. Como adelantó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, este viernes se realizó una instancia previa en Casa Rosada, encabezada por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, que contó con la asistencia perfecta de las 24 jurisdicciones, aunque cuatro de ellas, Mendoza, Formosa, La Rioja y Santa Fe, por diferentes motivos mandaron sus vicegobernadores/as. Además de la ausencia esperada del propio Presidente, se le sumó una nueva inasistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que coordina una comitiva en República Dominicana, que ya había desistido de visitas al Congreso, de otras instancias con gobernadores y del encuentro de la Comisión Federal de Impuestos.
La reunión mencionada, entre el Ejecutivo nacional y las provincias, se extendió por más de cuatro horas. Representó un acercamiento, especialmente con los sectores autodenominados dialoguistas (Juntos por el Cambio, partidos locales y peronismos alejados de la conducción del Partido Justicialista). Los ministros nacionales anticiparon que el Gobierno enviará modificaciones sobre la fórmula de la actualización jubilatoria (sector que representó el 43% de la reducción del gasto total del primer bimestre) y respecto a la restitución de la cuarta categoría de ganancias, que implica como mínimo que 21 mil entrerrianos vuelvan a abonar ese impuesto. Dos propuestas que irán acompañadas de un nuevo impulso a la Ley Bases, conocida popularmente como Ómnibus, fundamentalmente sobre los articulados que comprenden a las facultades delegadas, los fondos fiduciarios, el nuevo régimen de inversiones, la reforma del Estado, la desregulación de la economía y la privatización de empresas públicas. Aunque la conferencia de prensa posterior, protagonizada por el ministro Francos, y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó una imagen de consenso, la discusión sobre los fondos coparticipables, el aumento de las jubilaciones, las modificaciones de biocombustibles, la ampliación del Impuesto a las ganancias y la venta de firmas estatales estratégicas, profundizaron las diferencias en varios ejes temáticos que requieren de otras negociaciones.
Tres días antes, los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Río Negro, Alberto Weretilneck, de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Chubut, Ignacio Torres, se reunieron en Puerto Madryn, en el segundo encuentro del bloque de las provincias del sur. Con una agenda productiva, mostraron la voluntad de diálogo pero resaltaron que «el ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo». La posibilidad de la creación de una empresa mixta que posicione la producción eléctrica y de alimentos de la región fue uno de los puntos comunes de la juntada patagónica, donde eligieron a Torres como presidente del espacio. En un documento difundido, expresaron que sus distritos “aportan a la economía nacional el 98% del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica y el 27% de la energía hidroeléctrica” y recordaron las obligaciones de la Casa Rosada sobre la coparticipación.
¿Mismas cartas?
En la antesala del cónclave con las 24 jurisdicciones, el gobierno libertario dejó advertencias e imposiciones para la continuidad de ese diálogo con las provincias. Ante la reticencia que genera la reincorporación de miles de trabajadores al Impuesto a las Ganancias, especialmente en las provincias petroleras y patagónicas, el Ejecutivo filtró la alternativa del cobro retroactivo del gravamen de los últimos trimestres del año pasado. Como describió LA CALLE, esa sugerente posibilidad emerge en un complejo contexto, donde las partidas discrecionales de Nación se redujeron en un 88% durante febrero, con un promedio de 91% en el primer bimestre de 2024, que abarca la asistencia del Tesoro Nacional, el Fondo Compensador del Transporte, los recursos para las cajas de jubilaciones de cada distrito, giros para obras públicas, sanitarias y educativas, y el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
La jugada de Milei estira los plazos para distintas definiciones sobre temas álgidos o críticos, mientras dilata el rechazo parlamentario al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” y busca el aplazamiento de dos pedidos de sesiones especiales, solicitadas por la bancada de Hacemos Coalición Federal, conducida por Miguel Pichetto, para el miércoles 13 y el martes 19, con el propósito de dar tratamiento a iniciativas que estipulan incrementos de las jubilaciones y la reposición del nombrado Fonid, donde los votos de los bloques de Innovación Federal, que aglutina a diversos partidos provinciales de Misiones, Neuquén, Río Negro y Salta, y de Unión por la Patria, ayudaría a la consecución del quórum necesario y al emplazamiento de las comisiones.
Algo similar ocurrió con el desempeño de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que esperaba este jueves la presencia del Jefe de Gabinete y del Ministro de Economía. Ante ese vacío oficial, el legislador del PRO, Hernán Lombardi, pidió el tratamiento cronológico de los decretos en revisión, ya que existen decisiones gubernamentales para su análisis de dos mandatos anteriores. La solicitud del ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, tiró la pelota hacia la tribuna y cambió el foco principal de la cita del organismo constituido por ocho diputados/as y 8 senadores/as. En simultáneo, la bancada de Hacemos Coalición Federal requirió que se notifique nuevamente a los funcionarios nacionales para el jueves 14 de marzo, en una actitud que recoge el posicionamiento opositor y la búsqueda del tratamiento del mega-DNU, pero que también naturaliza la prolongación de los tiempos previstos para un desenlace negativo frente al Decreto 70/2023.
Singularidades
La reciente fotografía con gobernadores y vicegobernadores, el anuncio del Pacto de Mayo y el nuevo intento de acuerdos parlamentarios, son parte del reclamo de propios y ajenos, de voces nacionales e internacionales, ante la administración de La Libertad Avanza. Las demandas de apertura al diálogo y de fortalecimiento de la adhesión social, de los respaldos políticos y de los acuerdos legislativos, provienen desde el FMI, la Unión Industrial Argentina (UIA), el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, los referentes del PRO y el gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, las reformas estructurales que se avecinan necesitan de acuerdos sustanciales del Congreso, para que se transformen en políticas de estado y tengan rigurosidad institucional. Paradójicamente, esos mismos sectores también alertaron sobre los niveles de conflictividad y la situación de las jubilaciones, los salarios y los precios, que aparecen como limitaciones fundamentales para el éxito del sinuoso camino libertario de los próximos meses en Casa Rosada, donde ponen la luz del túnel entre julio y agosto.
Un conjunto de variables de la semana pasada y de los próximos días son una pequeña prueba de la complejidad de las configuraciones sociales, culturales, educativas, sanitarias y económicas. Allí se encuentran la carta firmada por 68 científicos premiados con el Nobel en Economía, Química, Medicina y Física contra los recortes en ciencia y tecnología, la reducción de los fondos a las universidades, y la devaluación presupuestaria y los despidos del Conicet. De igual modo, surgen las medidas anunciadas para la semana próxima, que engloba el paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el martes 12; la huelga de 48 horas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para líneas urbanas e interurbanas del interior del país, para el miércoles 13 y el jueves 14; y el cese nacional de actividades del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que comprende a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun, para ese mismo jueves 14.
Ese abanico de elementos y hechos políticos incluyó la contundencia de la movilización y el paro nacional por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con manifestaciones en distintos puntos del país, con un mensaje unánime contra las políticas implementadas por Milei; el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que revela recortes del 54% en el acceso a medicamentos e insumos, 95% en el Plan Nacional de Primera Infancia, 92% en la prevención y la atención del VIH y otras infecciones, 69% en políticas de discapacidad, 43% en prestaciones previsionales, 41% en la cobertura del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), 54,2% en subsidios energéticos, 93% en programas de Capacitación Laboral y 100% en Conectar Igualdad e Infraestructura escolar; el anuncio de las petroleras de nuevos incrementos de nafta y gasoil en valores cercanos al 10%; la determinación del cierre de la Agencia Télam y de los 59 centros de referencia (CDR), que incluyó la clausura de dos oficinas en Entre Ríos, una en Concordia y otra en Paraná, con un total de 26 trabajadores; y la publicación del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que evidenció un derrumbe interanual del salario del 22,2%, con una disminución del 18% del poder adquisitivo y de la capacidad de compra en enero y febrero, siendo la caída más abrupta de los últimos 20 años.
Como paradoja trágica, pese a la combinación de devaluación, recesión, inflación y recorte del gasto público, la Oficina de Presupuesto del Congreso difundió su último informe y verificó un déficit de 186.635 millones de pesos durante el mes de febrero, condicionado por el pago de los intereses de la deuda por 2.461.729 millones de pesos, que simbolizó el 55,6% del total de los gastos corrientes del mes de la administración libertaria, contradiciendo los festejos de superávit del mes pasado.
90 días en Casa Gris
Como detalló LA CALLE, el Gobernador de Entre Ríos fue uno de los dos mandatarios, que acompañaron al ministro Francos, en la conferencia de prensa posterior al encuentro entre el Gobierno nacional y los representantes de las 24 jurisdicciones. Esa fotografía fue una metáfora de la relación entre Frigerio y Milei, donde el primero mantuvo un cuidadoso alineamiento con Casa Rosada, incluso en los momentos más hostiles de la discusión por la Ley Bases y por la disminución de los fondos coparticipables. La columna Punto y Seguido describió en distintas ediciones sobre los desafíos que tiene el ex Ministro del Interior entre la estrecha relación con el Gobierno de La Libertad Avanza, las urgencias propias de la provincia, la necesidad de diferenciación con el peronismo y los desafíos de logros concretos y tangibles que revaliden su capital político y confirmen el apoyo recibido de las urnas.
Ese equilibrio, entre el escenario nacional y provincial, se evidencia en la estrategia legislativa y en los posicionamientos de los jefes locales de dos ciudades cabeceras significativas de la provincia. Su única espada propia en la Cámara Baja, el diputado nacional Francisco Morchio (PRO), forma parte del bloque que conduce Pichetto e integran los peronistas de Córdoba, los socialistas de Santa Fe, los bonaerenses Florencio Randazzo y Emilio Monzó, y la Coalición Cívica. Por la intransigencia de Casa Rosada y por el debate de la Ley Bases, la bancada profundizó un rol opositor más marcado que lo planificado y fue indispensable para que la votación en particular del megadecreto termine frustrada. Por otro lado, Mauricio Davico, presidente municipal de Gualeguaychú, que proviene de un partido vecinalista local y mantiene una relación de amistad histórica con Frigerio, posee línea directa con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el presidente de Diputados, Martín Menem, y con varios ministros nacionales. Sin los mismos contactos, pero con un discurso alineado a la prédica libertaria, aparece Francisco Azcué, referente de Evolución Radical, mandatario de Concordia y titular del Foro de intendentes de Juntos por Entre Ríos. Ambos son protagonistas generacionales de una nueva e incierta etapa que abrió el Gobernador en la provincia, luego de cinco mandatos consecutivos de diferentes experiencias peronistas (Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet), y que fortalecen la línea interna, de la agónica alianza de Juntos por el Cambio, que más cómoda se siente con Milei.
Aunque la nueva administración de Casa Gris repite que una de las diferencias con el Ejecutivo nacional es la manera de articulación con los municipios y el trabajo consensuado con el Poder Legislativo, la necesidad simbólica de revalidación del voto del cambio y la utilización de la comparación como método de diferenciación, de lo nuevo como límpido y de lo viejo como lúgubre, exigieron un relato de confrontación. Ese fue el contenido que se privilegió en la apertura del año legislativo en Entre Ríos como también en las inauguraciones de las sesiones en los respectivos concejos deliberantes que gobierna el frente fundado por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica. Más allá del porcentaje de coincidencia con las distintas iniciativas, la creación de un Régimen de Transición de Gobierno, la derogación de las Pensiones Vitalicias para Gobernadores y Vicegobernadores, la implementación de una normativa de Acceso a la Información, la legislación sobre la Ética Pública, la reducción de los cargos políticos y la disminución de la flota de autos oficiales, van en esa dirección de robustecimiento de la legitimidad de ese cambio, que construye la idea de transparencia frente al statu quo o la casta, como ocurre a nivel nacional. En otras palabras, más allá de las formas, hay un punto de encuentro conceptual en esa definición desde la dicotomía y de construcción de la existencia propia desde la diferenciación con el pasado o con una dimensión de ella.
Aunque la idea original de los bloques parlamentarios de Más por Entre Ríos, el sello provincial del peronismo, era de gobernabilidad, las diversas denuncias de la nueva gestión obligó a otras posturas. La principal bancada opositora, que incluso tiene mayoría en el Senado, facilitó la aprobación unánime de la emergencia educativa o del mencionado proyecto sobre el proceso de alternancia o cambio de gobierno, especialmente cuando se trata entre administraciones de diferentes colores partidarios. Como hizo la Liga de Intendentes Justicialistas, que preside la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, las bancadas legislativas también respaldaron públicamente a Frigerio ante los recortes nacionales y las amenazas del Presidente.
La dureza discursiva del Gobernador, que eligió al peronismo en general y al kirchnerismo en particular como enemigos estelares, rompió la buena sintonía con su antecesor Bordet. Allí se encuentra el PJ, atravesado por las realidades nacionales y provinciales, por la propia necesidad de autocrítica, y por la discusión por los liderazgos y las referencialidades de esta nueva etapa. Un Partido que hoy renueva formalmente las autoridades, con una lista de consenso protagonizada por el ex vicegobernador, José Cáceres, pero con comicios internos en los consejos departamentales de Gualeguaychú, Concordia, La Paz, Federal, San Salvador, Gualeguay y Nogoyá, donde no gobierna ninguna de las ciudades cabeceras.
Contexto semanal
El martes 12, el Senado de la provincia efectuará una sesión especial para dar tratamiento al proyecto que declara la emergencia pública, económica y financiera en obras públicas e infraestructura vial, y que tiene como propósitos centrales la reestructuración de las obligaciones y condiciones de los contratos, la cancelación de las deudas y sus intereses, y la realización de acciones para la recuperación de la trama vial. La propuesta gubernamental proporciona facultades para la rescisión, la renegociación o la suspensión de trabajos y obras, como también para la ejecución de diversas contrataciones directas. Por su parte, la Cámara Baja dio continuidad al debate del proyecto que elimina las pensiones vitalicias a gobernadores y vicegobernadores, en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Empleo, Previsión y Seguridad Social. En paralelo, la comisión de Recursos Naturales y Ambiente retomó una vieja discusión para la regulación del uso de agroquímicos en la provincia, atravesado por el fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre la inconstitucionalidad de dos resoluciones gubernamentales, que permitió la prohibición de fumigaciones a una distancia terrestre menor a 1.095 metros en Colonia Ensayo; por los distintos amparos y juicios por escuelas y comunidades fumigadas, que tienen a las docentes Estela Lemes y Mariela Leiva como ejemplos sobrevivientes de esas denuncias; y por la decisión de la Secretaría de Ambiente de habilitar las quemas en la provincia para la producción agropecuaria y ganadera.
Con reclamos por considerarla insuficiente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, que establece una suba del 22% para los salarios más bajos. Además, el Gobierno anunció la devolución de los días descontados y tomó el compromiso de suplir los montos que Nación eliminó respecto al Fondo de Incentivo Docente, Conectividad y la hora extra de clases para el nivel primario. Además, la semana dejó noticias sobre despidos de cocineras de comedores escolares de Concordia; de caída de ventas del 80% de las industrias (once puntos porcentuales por encima del promedio nacional), y de reclamos de trabajadores y empresarios de la construcción por la postergación de diversas obras públicas.
Frigerio finalizó su primer trimestre en la oficina estelar de Casa Gris. Con un ojo puesto en la reorganización o mutación nacional del PRO y de Juntos por el Cambio, como también en la relación política con Casa Rosada y Javier Milei, el Mandatario de Entre Ríos comienza el complejo tránsito por dos meses claves, con una reducción fulminante de los recursos provenientes de la Administración central pero con la necesidad de avanzar en los ejes fundamentales de la plataforma de gobierno y las promesas de campaña. 90 días después de la asunción, el reloj agudiza su marcha. (La Calle)