El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y ex diputado provincial Emilio Adolfo Castrillón puso el foco en la distancia entre el discurso de transparencia y recuperación de los fondos públicos que sostiene el gobierno de Rogelio Frigerio y el acuerdo de juicio abreviado que permitiría recuperar unos 100 millones de pesos en una causa por defraudación al Estado entrerriano. “O uno entregó el Estado o el otro es puro circo”, disparó.
Por Redacción Pcv
La causa por el millonario fraude contra la ex Dirección General de Rentas (DGR), luego convertida en Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), volvió a quedar en el centro de la escena. Doce años después del inicio de la investigación, seis exfuncionarios reconocieron su participación en una maniobra que, de acuerdo con la acusación fiscal, permitió cancelar deudas tributarias mediante compensaciones impositivas falsas.
Ahora, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, deberá resolver si homologa los acuerdos de juicio abreviado alcanzados por los imputados. El convenio contempla penas de prisión condicional, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, trabajos comunitarios y multas que, en conjunto, permitirían que la Provincia recupere 100.200.000 pesos, pagaderos en cuotas.
Es precisamente ese punto el que encendió la crítica de Emilio Adolfo Castrillón.
El ex titular del Superior Tribunal de Justicia entrerriano puso el acuerdo bajo la lupa y lo vinculó directamente con el discurso que el gobernador Rogelio Frigerio ha sostenido respecto de la necesidad de recuperar hasta el último peso que haya sido sustraído al Estado.
«El gobernador payaso declaró que devuelvan todo hasta el último peso”, expresó Castrillón en un comentario que rápidamente apuntó al corazón político del asunto. Y agregó: “El fiscal de Estado querellante aceptó 100 millones, o sea el 5%. Algo no está bien, ¿no?”.
La pregunta que plantea el ex magistrado es esencialmente política
¿Cómo puede compatibilizarse el discurso de máxima transparencia, recuperación de los recursos públicos y tolerancia cero frente a la corrupción con un acuerdo que, según su interpretación, implicaría recuperar solamente una pequeña parte del perjuicio económico investigado?
Entre el discurso y los hechos
La controversia adquiere mayor dimensión porque el propio Frigerio ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la transparencia, la austeridad y la necesidad de terminar con prácticas que, según plantea su administración, perjudicaron durante años las cuentas públicas entrerrianas.
En ese marco, la crítica de Castrillón apunta justamente a la eventual distancia entre lo que se anuncia desde el poder y lo que finalmente se acepta en los expedientes judiciales.
«O uno entregó el Estado o el otro es puro circo”, concluyó el ex presidente del STJ, en una definición deliberadamente provocadora que instala una disyuntiva incómoda para el oficialismo provincial.
La discusión, de todos modos, deberá atravesar primero el ámbito judicial. El juez Grippo será quien determine si los acuerdos presentados por la Fiscalía reúnen las condiciones necesarias para ser homologados. También deberá analizarse la situación de otros imputados que solicitaron la suspensión del juicio a prueba, entre ellos Jorge Martín Zuttión, exdirector de Impuestos y actual auditor del Tribunal de Cuentas.
Una causa que se achicó durante doce años
El expediente original involucró a unas 180 personas. Con el paso de los años, la mayoría de los contribuyentes involucrados regularizó sus situaciones fiscales y el universo de imputados que finalmente podría llegar a juicio oral se redujo considerablemente.
La investigación se concentró en una maniobra que habría permitido alterar el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para cancelar deudas de contribuyentes mediante la carga de compensaciones inexistentes.
Ahora, seis exfuncionarios reconocieron su responsabilidad y buscan cerrar su situación mediante acuerdos abreviados. En paralelo, dos exempleados de menor jerarquía —Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño— permanecen encaminados al juicio oral.
Pero más allá de las responsabilidades penales individuales, el caso vuelve a abrir una discusión que excede al expediente: qué significa realmente recuperar el dinero del Estado cuando se investigan maniobras de corrupción o defraudación y cuál debe ser el límite de los acuerdos para evitar que la reparación económica termine siendo apenas simbólica.
La pregunta de Castrillón, entonces, queda planteada ya que si desde el Gobierno se reclama que quienes perjudicaron al Estado devuelvan “hasta el último peso”, ¿cómo se explica un acuerdo que, según su cuestionamiento, permitiría recuperar apenas una fracción del perjuicio?
El juez Grippo tendrá ahora la palabra. Pero el debate político ya está instalado.