El tribunal rechazó el recurso del Estado por falta de sentencia definitiva y sostuvo, en esta etapa, la actualización salarial y la recomposición de programas para estudiantes.
La Corte Suprema de Justicia resolvió mantener la medida cautelar que ordena al Estado aplicar parcialmente la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La decisión llegó tras declarar inadmisible el recurso del Gobierno, al considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deja firme la obligación de cumplir los artículos 5 y 6 de la norma. Estos puntos contemplan la actualización de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La causa se originó en un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades, que cuestionaron el decreto 759/2025. Esa norma subordinaba la aplicación de la ley a la definición de fuentes específicas de financiamiento.
En instancias previas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado el cumplimiento inmediato de esos artículos al advertir que el incumplimiento podía generar un deterioro salarial con impacto directo en el derecho a enseñar y aprender.
Quedaron fuera de la cautelar otros aspectos, como la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025. Mientras tanto, el expediente principal —donde se debate la constitucionalidad del decreto— continuará su curso por separado.
Antes de este fallo, el Ejecutivo había vetado la ley, aunque el Congreso insistió en su sanción. Posteriormente, el Gobierno apeló la cautelar, recusó a jueces y pidió la excusación de los ministros de la Corte, planteos que fueron rechazados.